Gobierno de Petro apuesta por ocho años de cárcel para grupos armados
Tiene en su poder un voluminoso documento con puntos clave de lo que serían las reformas
Internacional.- El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ya tiene en su poder un voluminoso documento con los puntos clave de lo que serían las reformas necesarias para tramitar el sometimiento colectivo de narcobandas y que, de paso, abrirían la puerta a retomar el diálogo con el ELN. Pero, ahí mismo, van recomendaciones sobre cómo aplicar un tratamiento penal diferencial para quienes se acojan a estos procesos.
Lo que se busca es que las personas que terminen cobijadas por la llamada “paz total”, y que no tengan carácter político como el que se le quiere reconocer al ELN, sí paguen una pena efectiva intramural aplicando una fórmula que el país ya vio durante la administración del expresidente Álvaro Uribe.
Se trata de imponer una condena de máximo 8 años de cárcel, siempre y cuando se geste un desarme total y se entreguen las rutas y cómplices del narcotráfico con los que se han aliado para sacarle provecho a las más de 235.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito que entapetan a Colombia y cuyos lazos se extienden a Venezuela, Perú, México, Estados, entre otros.
Esta receta es similar a la que se les aplicó a los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz, con la cual se cobijó a más de 31.000 excombatientes y a algunos de sus comandantes que, actualmente, están ya en las calles. Un caso sonado en la región antioqueña es el de Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, el antiguo cabecilla del bloque Élmer Cárdenas que, desde 2015, está en libertad tras pagar esos mismos 8 años que ahora se plantean para las narcobandas sobrevivientes.
Una de las justificaciones para acudir a esa pena alternativa, que también pasa por la confesión de los crímenes cometidos y procesos de reparación que se están diseñando, es que en su momento tuvo un control constitucional.
En efecto, cuando la Corte Constitucional estudió la Ley 975 de 2005 tumbó el delito de sedición, que en pocas palabras les daba reconocimiento político a las autodefensas, pero les dio vía libre a las condenas de hasta 8 años.
En ese contexto, según los reportes que analizan Petro y su bancada del Congreso para ultimar las reformas legales para el sometimiento, descartan que haya algún tipo de reconocimiento político a las bandas que ahora piden pista.
El mandatario electo y su círculo cercano saben que, por ejemplo, darle ese estatus al Clan del Golfo o a las narcodisidencias de las Farc sería un “sapo” muy complejo de digerir en Colombia. Y aunque está casi descartado que pase, aún hay voces que piden mantener el debate abierto para que todos los ilegales se suban a la dejación de armas.
Ahora bien, tras plantear la pena alternativa de 8 años, se gestó otra discusión sobre la cual Petro también tendrá la última palabra. Es lo referente a los lugares en los que deberían pagar esa condena, pues no todos tienen disposición de ir a una cárcel pese a ser responsables de masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y, entre otros delitos, del envío de toneladas de cocaína al exterior.
Ese análisis, incluso, se hizo en la oficina del presidente del Senado, Roy Barreras, en una cita privada que tuvo el viernes pasado junto al exfiscal Eduardo Montealegre y su mano derecha, el exvicefiscal Jorge Perdomo, ambos expertos en derecho penal.
En ese sentido, y como si fuera una fotografía de lo hecho en su momento por Uribe –quien también habló hace poco de una amnistía general que algunas voces asemejaron al perdón social de Petro–, se propuso dentro del petrismo examinar lugares de concentración para los desarmes y posterior pago de la pena alternativa. Serían como granjas penales. “Tienen que pagar cárcel, pero debemos mirar cómo imponérselo sin que surja otra ola de violencia”, aseguró una fuente del Pacto.
En todo caso, esto aún está en borrador y sería parte de la receta que alista Petro y cuyo eje central ya reveló EL COLOMBIANO, pues está enfocada en cuatro frentes: reformar la ley de sometimiento, la de orden público, la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y plantear una reforma al tratado de extradición con Estados Unidos.
De hecho, la iglesia católica ya está ayudando a explorar formas para llevar estos temas a los territorios. O al menos así se lo reveló a este diario monseñor Héctor Fabio Henao, quien dijo: “Estamos en una sociedad donde el narcotráfico ha tenido un impacto grande en todas las formas de vida de la sociedad, en los valores, la cultura, las relaciones y en el ejercicio del poder. Ese fenómeno no puede desconocerse y requiere diálogos”.
Sin embargo, la decisión final de qué de todo eso avanza y hasta dónde la tiene Petro, y la tarea de aplicar lo avalado está en los despachos de personas como su canciller, Álvaro Leyva; su consejero de Paz, Danilo Rueda; su ministro de Defensa; Iván Velásquez; y senadores como Iván Cepeda y Roy Barreras.
La duda, como en toda búsqueda de paz, es el grado de impunidad que Colombia estará dispuesta a admitir, pues las penas alternativas no siempre dejan al grueso de la sociedad conforme. Justicia y Paz y el acuerdo de La Habana son solo ejemplos recientes.
