Piden legalidad de trámites en el mercado municipal de Naguanagua
Se sienten “vulnerables ante las amenazas y falta de respeto” a las que se han visto sometidos
Carabobo.- La falta de procesos legales debidamente ejecutados a veces resulta ser el escenario perfecto para quienes no hacen honor a sus responsabilidades profesionales, sin medir el daño que pueden generar en nuestras comunidades.
Al menos 30% de los arrendatarios del mercado
municipal de Naguanagua no han podido renovar sus contratos con el
Instituto Autónomo de Fundanagua desde el año 2021, denuncian que se debe a una serie de
“atropellos” realizadas por la autoridad a cargo del área. Más de 60 ciudadanos de diferentes locales, serían los afectados.
Los comerciantes realizaron la denuncia a través de nuestras plataformas digitales, por lo que un equipo reporteril se trasladó hasta las instalaciones para conocer las condiciones.
Los arrendatarios afectados llevan no menos de 15 años laborando en este popular mercado, de acuerdo a lo recabado en los testimonios de aquellos que se fueron acercando al local de la señora Elsi.
Las problemáticas se agudizaron en el año 2022, enfrentado obstáculos para seguir trabajando en busca del sustento económico, con órdenes de desalojos sin mayores razones, extravíos de contratos de arrendamiento, tardanza en la entrega de los mismos, amenazas, entre otros.
La vocera de los arrendatarios, Elsi Rivas, con más de 15 años en el mercado relató, "los problemas iniciaron en tiempo de pandemia, cuando los inquilinos asumieron pagos que le correspondía a Fundanagua para poder continuar trabajando en sus locales".
Además, resumió que "actualmente están exigiendo estar solventes para renovar contrato", sin embargo, añade que dicha solicitud no es posible, "porque el ente no ha entregado en su totalidad los contratos del año 2022 por arrendamiento".
Nuestro equipo, tuvo acceso a una encuesta realizada por unas de las afectadas, que tuvo la participación de 90 inquilinos, recabando que solo fue entregado el 60% de los documentos a los encargados de cada local. (Al momento de esta redacción 1 encuesta no había sido finalizada).
Rivas indicó que, "al menos 30 personas están sin contrato y ni siquiera conocemos a la presidenta de Fundanagua, Gisela Michelangelli". A su vez dijo que se han dirigido hasta las instalaciones del instituto y "nunca se consiguen respuestas".
En cambio, Blanca Malave enfrenta una orden de desalojo entregada por el representante Jaime Liset y firmada por la presidenta del Instituto a pesar de llevar laborando 15 años en el mercado, y además, no ha podido renovar su estatus legal desde el año 2021.
Ella junto a otros afectados se han dado cita al Ministerio Público (MP) de la entidad, Defensoría del Pueblo, Consejo Municipal, la Alcaldía de Naguanagua y aseguran no han tenido respuestas. Por esta medida también se encuentran afectadas dos personas más.
Óscar Armas, probablemente tenga uno de los casos que más amerita atención. Se gana el sustento con su puesto de artesanía desde hace unos 37 años en el populoso comercio y denuncia presunto "acoso laboral, desalojo arbitrario y el cobro de la mitad de sus ganancias", por parte de la autoridad pública del lugar.
"Comenzó a exigir la mitad de mis ganancias, al principio me hice la vista gorda", sin embargo, "en dos oportunidades le lleve bolsas de verduras y frutas y él estaba muy contento", expresó Armas.
“Las persecuciones siguieron hasta que tomó la decisión de quitarme el local (emitir la orden de desalojo)”; Armas, hace responsable a este funcionario público también de su estado de salud ya que, ha estado recluido en dos centros médicos por presión alta y depresión, a consecuencia del hostigamiento que ha recibido.
Al momento de las consultas a los arrendatarios, resaltaron las "agresiones físicas y verbales, exigencia de artículos o dinero" a cambio de algún trámite correspondiente, aún cuando destacan, que continúan realizando el pago correspondiente cada mes a Fundanagua, de acuerdo a lo que está estipulado en sus últimos contratos.
En el Mercado Municipal de Naguanagua existen alrededor de 136 arrendatarios legales, y al menos son 60 los cuales están presentando situaciones de atropellamiento, hostigamiento y uso indebido de la autoridad.
Entre las preocupaciones de estos inquilinos, está la falta de cumplimiento de los proceso por parte de Fundanagua en la renovación anuales de sus contratos, y temen que en ese vacío legal siga dando pie para "atropellos y cobro de sus ganancias", como el caso de María Cuica, quien vivió varios tipos de episodios.
“Al principio se acercaba a el local y me solicitaba algún alimento con la excusa que me pagaría luego”, es parte de lo declaro por Cuica, quien también señaló, que “algunas veces iba acompañado y pedía desayuno” para luego no pagar.
Entre los tantos escenarios que han vivido y las distintas solicitudes, todos coincide que necesitan por parte de Fundanagua “mayor respuesta”.
Los afectados, en su mayoría son personas de la tercera edad y se sienten “vulnerables ante las amenazas y falta de respeto” a las que se han visto sometidos. Solicitan que la presidenta de Fundanagua, acuda al sitio para realizar mesas de trabajos que lleven a un acuerdo idóneo para todos, ya que su objetivo es seguir trabajando y aportando al municipio el tradicional comercio.
Cabe destacar que el equipo de Notitarde trató de establecer contacto con alguna autoridad de Fundanagua y hasta el momento de esta publicación no se recibido respuesta.