Las ONG piden que se revise proyecto de ley que busca regularizarlas
"Este proyecto de ley no solo afecta a las organizaciones humanitarias, sino que también afectará a colegios gremiales"
Carabobo-.La Asamblea Nacional (AN) aprobó semanas atrás, en sesión ordinaria, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país.
Al respecto, las ONG rechazan el proyecto de ley que busca fiscalizar a las más de 400 asociaciones independientes y miembros de la sociedad civil, quienes manifestaron en un comunicado difundido por la organización Espacio Público su “alarma y rechazo” hacia este proyecto.
A través del programa Mundo UR Regiones, conducido por el periodista Ricardo Graffe, Luisa Rodríguez Táriba, vicepresidenta de la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, resaltó que se debe aclarar que las organizaciones no están negadas a ser supervisadas.
“Debemos entender que todas las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales sin fines de lucro estamos todas a derecho. Para poder existir tenemos que estar registradas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), cancelamos impuestos y cumplimos todas las normativas de la ley”.
Rodríguez Táriba indicó que este proyecto de ley no solo afecta a las organizaciones humanitarias, sino que también afectará a colegios gremiales, asociación de clubes privados y cámaras, ya que muchas personas se ven beneficiadas por el trabajo que ejecutan los mismos.
Además, la también presidenta de Funcamama resaltó que la ley se caracteriza por su “improvisación, mala redacción y contradicción”.
“Toda organización, para ponerse a derecho con esta ley, tiene que cumplir más de 20 pasos frente a oficinas que aún no están activas ni tienen sede física. Además, hay un paso que dentro del mismo incluye 12 pasos más, entonces serían 32 pasos los que la organizaciones deberían cumplir y que no garantizan que se les dé permiso (..) por eso nuestra preocupación, porque tenemos países similares en la región los cuales han implementado unas leyes similares y han llegado al cierre del espacio cívico ”, explicó.
De acuerdo a Táriba, la aplicación de esta ley afectaría a más de 18 millones de venezolanos que se benefician de cada una de las ayudas y programas que ofrecen esas instituciones.
Asimismo, pidió a los diputados del parlamento que revisen de nuevo la ley, la cual no tiene una publicación formal del contenido real.
(Marianny Castillo)
