Esta acción se ejecutó en la entidad carabobeña, dando continuidad al plan que se realiza en todo el país, el cual fue implementado por la Defensa Pública en el año 2022, iniciando en el área metropolitana de Caracas y posteriormente en los estados Miranda y La Guaira.

Ramírez Herrera precisó que para poner en marcha este proyecto, los defensores públicos en compañía de jueces de ejecución procedieron a revisar alrededor de 730 causas en Carabobo, a los fines de revisar los requisitos que eran necesarios para pronunciarse.

El defensor indicó que en algunos casos faltan informes psicosociales, redención por trabajo y estudio, antecedentes penales y certificado del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). Luego de verificar esta información procederán a enviar un comunicado al vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos y a la ministra del Poder Popular del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, con la finalidad de que les envíen los recaudos para que los detenidos puedan optar a alguna fórmula alternativa del cumplimiento de pena y actualizar los cómputos que se encuentran por parte de los jueces de ejecución, señaló el vocero.

Por otra parte, Ramírez acotó que esperan que la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre el recurso de interpretación donde se le da derecho y se le reconoce por parte de los jueces de ejecución el trabajo y estudio como una fórmula alternativa de cumplimiento de pena.

La Defensoría Pública espera que en los próximos días el TSJ se pronuncie al respecto y puedan optar por esta fórmula alternativa a muchos privados que tienen tiempo a la espera de la concesión de este beneficio, recalcó el funcionario.

De igual manera subrayó que en el año 2022 había algunos circuitos judiciales en el ámbito nacional donde no concedían esta fórmula a los detenidos. El año pasado en una población de más de 55 mil privados, alrededor de 2 mil presos no contaban con este beneficio. (María Eugenia Espinoza)