Por otro lado, Anayansi Caruncho, directora general de la ONG, Defensores Solidarios al Servicio Público de los Derechos Humanos (Desoserp); afirmó, que ninguno de estos niños que rondan por las calles, pertenecen al municipio San Diego sino que emigran desde zonas como Carlos Arvelo, Valencia, Los Guayos, Mariara y Guacara; todo esto debido a que veían que la comunidad los ayudaba.
Igualmente, la ex subdirectora de la misma ONG, Lorena Castellanos manifestó que, la emigración de estos jóvenes al municipio fue a partir del 2014 durante las protestas; estos empezaron a hacer vida en el complejo de piscinas de Los Tulipanes y luego durante la escasez de alimentos del 2016-2017 aumentaron distribuyéndose en zonas como el Centro Comercial El Remanso, los Farmatodo del municipio y cerca de los mercados, habiendo un alrededor de 45 niños en el municipio. Cabe destacar, que Solorzano explicó que cada año entre agosto y diciembre aumentaba la taza de infantes debido a la época escolar.
Es importante mencionar, que según lo publicado en el portal de noticias del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos; en Venezuela no hay cifras oficiales sobre los números de niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle. Solorzano reveló, que el gobierno no maneja estadísticas coherentes a nivel nacional del tema situación de calle y mendicidad, pero que el municipio lleva un orden de cuantos abordajes se hacen a lo largo del año; en el 2017 se hicieron 228 abordajes en San Diego (Mayor cifra hasta la actualidad) y que entre el 2018-2020 fueron 181.
La convivencia con la sociedad y las leyes
Castellanos comentó que la llegada de los niños en el 2014 trajo muchos daños materiales, uno de los principales lugares afectados fue el Centro Comercial El Remanso, pues usaban las mesas de la feria de comida para hacer sus necesidades básicas y robaban en el estacionamiento; durante la pandemia asaltaban los hogares y en muchas ocasiones llegaron a amenazar a los habitantes.
La directora del Sistema de Protección manifestó, que la sociedad tiene una definición errada de la vida que llevan estos jóvenes, pues a partir de los 14 años los adolescentes ya tienen responsabilidad penal y derecho al trabajo. Declaró, que la sociedad ha tenido la idea de que las casas hogares deben acoger a los niños en situación de calle y cumplir sus necesidades, esa era la doctrina de la situación irregular, que se reposaba en la Ley Tutelar de Menores, ley que fue derogada en Venezuela en el año 2000; en donde decía que el estado venezolano era responsable de ellos; pero, actualmente en el artículo 26 la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente (Lopnna) se establece que; “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen… No procede la separación de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social”.
La problemática se mantiene, la pobreza y situación económica aumenta por lo que los niños seguirán en las calles y la única manera de hacer que esto mejores es que los entes gubernamentales tomen las riendas del asunto; por su parte la sociedad, debe mantenerse al margen o sino estos niños serán los delincuentes del futuro.
