ante un pedido de la Justicia de Estados Unidos. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el fiscal dictaminó a favor de rechazar el recurso presentado por un abogado de la empresa Emtrasur.
Entre otros argumentos, sostuvo que el pedido de incautación cumple con todas las formalidades y que fue avalado por el Ministerio de Justicia argentino.
Ahora deberá resolver la Sala III de la Cámara Federal, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias. Antes, los jueces citaron a una audiencia para el 5 de septiembre.
Hace dos semanas, luego de un dictamen favorable de la fiscal Cecilia Incardona, el juez Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. El requerimiento tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
Ese tratado le otorga a los jueces argentinos solo facultades formales.
El pedido de colaboración fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pasó por el Ministerio de Justicia argentino, y aterrizó en el juzgado federal de Lomas de Zamora el 3 de agosto. Ese documento tiene tres puntos centrales: 1) Incautación/retención del Boeing, 2) Entrega de la orden de incautación, y 3) Cateo del Boeing. El “cateo” se interpretó como un registro del avión.
El juez Michael Harvey pidió la incautación del avión Boeing 747-300 por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años una prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos. Por eso, la aerolínea iraní habría violado esa prohibición cuando le entregó el avión a Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden. La situación se habría agravado cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
La resolución de Villena fue apelada por el abogado Daniel Trava, uno de los letrados que interviene en representación de la empresa Emtrasur. Ese abogado sostuvo, entre otros argumentos, que el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos “es contradictorio a los intereses y la política internacional sostenida por nuestra Cancillería respecto al reclamo de soberanía por la islas Malvinas”.
A partir de la resolución de Villena, el Boeing 747-300 quedó a disposición del juzgado federal de Lomas de Zamora y del Tribunal Federal del Distrito de Columbia en la causa identificada como CRM182 84488.
La decisión del juez provocó una cadena de declaraciones públicas de los gobiernos de Irán y Venezuela. Hasta el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, consideró que el avión “objetivamente está secuestrado” en Ezeiza y cuestionó la orden de incautación al afirmar que hay una “sensación de injusticia para el pueblo venezolano”.
El fiscal Iglesias sostuvo que la resolución de Villena “se encuentra fundada de manera correcta”, aunque reclamó que se garantice la confidencialidad del expediente.
Ahora es el turno de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. Ese tribunal tiene un solo juez titular, Carlos Alberto Vallefín, y otro subrogante, Roberto Lemos Arias. Si no se ponen de acuerdo, deberá intervenir un tercer camarista, lo que podría demorar los tiempos de la definición.
Ese mismo tribunal también debe resolver la situación de los tripulantes. El juez había autorizado que 12 de los 19 que viajaron a la Argentina puedan salir del país, pero esa decisión también fue apelada y quedó trabada.
Villena había decido retener a siete de los tripulantes: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre esos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos. En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, pidió que se queden hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.
