La plataforma 'Somos 2074 y Muchas Más' informó que el juzgado reprogramará las fechas para las declaraciones de Aguinaga y Costa. "Esperamos que respondan a la justicia y no se corran", dijo la agrupación.

Se estima que durante el proceso se escuchen las declaraciones de aproximadamente 750 personas, tanto procesados como víctimas y familiares.

"Programa de Salud Reproductiva"

Este proceso, que inició en 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces, cuenta con unas 1.317 denunciantes.

Las esterilizaciones forzadas a esas cerca de 300.000 personas, en su mayoría mujeres indígenas quechuablantes, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema, se dieron en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, etapa en la que se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

El programa "no garantizó el derecho humano al consentimiento previo, libre, informado y por escrito en caso de métodos irreversibles. Tampoco los derechos humanos a la planificación familiar y del acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos", dice un artículo del año pasado de la oenegé Demus.

De acuerdo con la organización, miles de las mujeres que fueron sometidas al procedimiento "fueron estigmatizadas, abandonadas, migraron forzadamente, y aún no logran acceder a educación, servicios de salud ni trabajo remunerado. Enfrentan problemas de salud emocional, mental, sexual, reproductiva y física".

Además, señalan que "sufren y mueren sin lograr verdad, justicia y reparaciones integrales", debido al retraso del proceso judicial. (RT)