Agregó que estas denuncias “tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022”, que en apenas 20 días se cobraron la vida de 28 personas.

Estas protestas arrancaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia de Perú, tras el fallido autogolpe de su predecesor, el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien hoy cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.

Las manifestaciones ciudadanas, que reclamaban la renuncia de Boluarte, un adelanto de elecciones, una nueva constitución y la liberación de Castillo, se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.

Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Boluarte expresó a través de las redes sociales de la Presidencia que “dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.

“La presidenta Boluarte saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre de 2022”, escribió su despacho en Twitter.

Las diligencias que realizará sobre este caso la Fiscalía, y que se extienden también al jefe del gabinete ministerial, quien en diciembre ocupaba el cargo de ministro de Defensa, son el primer paso a una eventual investigación preparatoria contra los imputados.

En esta etapa inicial, el Ministerio Público verificará si ha habido actos delictivos y si hay elementos materiales de su comisión. Una vez terminadas las diligencias preliminares, la Fiscalía puede ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para continuar con la investigación preparatoria, en caso de que encuentre indicios reveladores de la existencia de un delito.

Esta semana, la congresista progresista Ruth Luque presentó en el Parlamento una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Otárola y otros funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Boluarte, a quienes acusa de ser los supuestos autores mediatos por la presunta comisión de los delitos de homicidios calificados y lesiones graves, además de infracciones constitucionales. (EFE)