La jefa de Estado fue citada como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, abierta contra las máximas autoridades del Gobierno peruano tras las decenas de muertos que se han producido en las protestas.

En esta investigación preliminar se ha incluido al actual primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.

El pasado fin de semana, la abogada de Boluarte, Kelly Montenegro, declaró que la presidenta había decidido acudir a la citación en la sede del Ministerio Público a pesar de que inicialmente pidió que su declaración se realice de forma virtual.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 48 civiles murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.

Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.

Otárola confirmó el 19 de enero el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.

Este lunes se confirmó la muerte de seis militares, que se ahogaron al intentar cruzar el río Ilave, en el sur del país, para evitar un enfrentamiento con manifestantes de esa zona de la región de Puno, donde se mantienen los bloqueos de caminos y paros desde enero pasado tras una dura represión.