En este sentido, el presidente de la República Federativa de Brasil afirmó que "quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileras”. “Este país será devuelto al pueblo brasileño en su normalidad", concluyó "Lula".
Algunos de los cambios que trae el decreto
Entre los cambios autorizados por el jefe de Estado se encuentran la reducción de armas y municiones en manos de civiles, comprendidos en coleccionistas de armas, cazadores y tiradores. El control de este acápite lo tomará la Policía Federal, retirándole esta prerrogativa al Ejército.
La validez de los registros de porte pasará de diez a tres años, mientras que el número de armas por persona se reducirá a la mitad, de cuatro a dos. También el número de municiones adquiribles cada doce meses pasará de 200 a 50.
Un máximo de seis armas se registró para los cazadores, coleccionistas y tiradores. Mientras que las municiones se limitaron a mil para estas categorías de portadores. Esto representa tan solo una quinta parte de lo que se permitió en la administración anterior.
Quienes se dedican al tiro de manera profesional tendrán un límite de 4 mil cartuchos por cada arma que posean. Estas se les redujo a cuatro unidades permitidas por persona. Una restricción importante, teniendo en cuenta que para los tiradores deportivos se les permitía unas 60 armas con derecho a 5.000 municiones por unidad.
En otros aspectos, recaerá sobre los clubes de tiro una mayor fiscalización. Tampoco podrán estar abiertos al público 24 horas. Su localización tiene ahora un requisito fundamental: deben estar ubicados a más de un kilómetro de distancia de las escuelas.
En Brasil más de un millón y medio de armas de fuego circulan de forma irregular, mientras que unos 2,9 millones se encuentran registradas. En total se contabilizan unos 4,4 millones de artefactos de este tipo en el gigante suramericano.
