El propósito, según se lee en el decreto 823, es precautelar los derechos de los presos, de los agentes y de los miembros de la Policía Nacional. Además de restablecer el orden en los reclusorios.
Según informó la Policía, desde la madrugada de este martes se ejecutan intervenciones tácticas con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral, donde se registran los hechos violentos que han dejado hasta el momento seis reos asesinados y once heridos.
De acuerdo con el decreto, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país ubicada en Guayaquil, los problemas se iniciaron por una pugna entre Los Tiguerones y Los Lobos, bandas criminales que lideran los pabellones 8 y 9 de esa cárcel, respectivamente: “La actual ruptura de acuerdos entre los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, ha generado la intención de tomar posesión de forma unilateral en diferentes ciudades del país, ocasionando un ambiente de hostilidad entre estos dos grupos, lo cual ha desatado un enfrentamiento armado, siendo punto de inicio el Centro de Privación de Libertad Guayas No 1. (Penitenciaría)”, se lee en el decreto.
Además de los enfrentamientos en la Penitenciaría, en trece prisiones del país los presos se mantienen en huelga de hambre. En los antecedentes del decreto 823, se responsabiliza a los Lobos de iniciar la medida “llegando hasta el punto de impedir que otros privados de libertad sean atendidos en sus necesidades básicas como alimentación y salud”.
El Servicio de Atención Integral (SNAI), encargado de las cárceles, informó el lunes que 96 guías penitenciarios están retenidos. Infobae conoció, a través de una fuente cercana a las prisiones, que tanto la huelga de hambre como la retención estaría relacionada con la intención de las autoridades de realizar traslados de miembros de Los Lobos que están en las cárceles del país. El Centro de Privación de Libertad de Azuay, más conocido como la cárcel de Turi, es el centro de operación de esta banda. Además, según la información extraoficial obtenida por este medio, el número de agentes retenidos sería de más de 100.
El colectivo ciudadano Mujeres de Frente también ha denunciado “amenazas de traslados masivos” que fomentarían la violencia carcelaría.
Sin embargo, sobre estas retenciones, el decreto describe una trágica amenaza: “otra de las estrategias adoptadas por estos grupos delictivos es la toma de rehenes a los Servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y Servidores Policiales, lo cual de mantenerse podría generar el incremento de la hostilidad conllevando a la pérdida de vidas de estos servidores, con el objetivo de desacreditar la imagen del Estado”.
Según los resultados del último censo penitenciario, el 39,7 % de los prisioneros, hombres y mujeres, en Ecuador se sienten inseguros en las cárceles. Aproximadamente un cuarto de la población carcelaria dice sentirse inseguro incluso dentro de su celda. En Ecuador la población carcelaria asciende a más de 31.300 personas. El 94% de los reclusos en el país son hombres y el 6 % son mujeres.
Sobre la seguridad y condiciones de vida, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no se sienten seguras en las prisiones.
Alrededor del 25% no se sienten seguros en sus celadas y seis de cada diez consideran que las porciones de alimento que reciben a diario no son suficientes.
