Mediante una publicación en el medio digital El tiempo, se conoció que el expediente por el que detuvieron a 24 personas que habrían expuesto a migrantes a peligrosas condiciones en el mar y en el Tapón del Darién, nació con una alerta que recibieron del Grupo HSI ICE de Estados Unidos, el cual participó en los dos años de investigaciones que adelantaron la Armada, la Policía Judicial de Migración Colombia y la Fiscalía en Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Bucaramanga, donde se utilizaron agentes encubiertos, entrevistas a migrantes, allanamientos, interceptaciones a 67 teléfonos y cerca de 100 elementos que serán utilizados en juicio.
En el capítulo de los militares, el papel del oficial Yerson Prens y los suboficiales Cristian Barrios, Andrés José González, Alexánder Franco y Cristian de La Cruz sería el de “no avisar o retrasar el reporte de las embarcaciones” que zarpaban con gente rumbo a Centroamérica. Además, se presume que también vendían las cartas de navegación de los buques oficiales, para saber por dónde no pasar.
Eso lo harían a cambio de dádivas que les daban otros implicados en el negocio. Sobre su tropa, Francisco Cubides, comandante de la Armada, dijo ayer que “habrían renunciado a ser transparentes y se habían dedicado a delinquir”.
Bucaramanga, la clave
Otra vertiente de la organización que no sería piramidal, sino lineal, lleva a Bucaramanga, donde empezaron las primeras pesquisas. De hecho, tres personas conocidas en la ciudad por tramitar papeles para salir del país, llamadas Nancy Franco, María Helena Franco y María Carolina Serpa también están dentro de las procesadas.
