La entrega de este bloque de preguntas ya fue anunciado el pasado lunes por el Ministerio del Interior, cuando comunicó que la CC ya había recibido el paquete de inquietudes.
La Presidencia informó que la entrega del nuevo banco de preguntas a la Corte busca ampliar "el campo de acción del Ejecutivo en los ejes de seguridad, producción y economía y, al mismo tiempo, recoge las peticiones y demandas de la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil".
"Ante la situación actual que vive el país, es fundamental la consolidación de una estructura normativa que apunte a robustecer la seguridad nacional y ciudadana", añadió la Presidencia.
El pasado 2 de enero, el Gobierno de Noboa entregó a la Corte Constitucional un primer bloque de once preguntas para su revisión y que se incluirían en la consulta popular prevista para marzo próximo, si pasa el control legal.
En ese primer grupo de once preguntas la mayoría están enfocadas en proporcionar un blindaje legal a las Fuerzas Armadas para que apoye a la Policía en situaciones que requieran su actuación con el objetivo de garantizar el control de la seguridad interna.
Incluye, asimismo, una pregunta que busca restituir los juegos de azar y casinos en el país.
Las nueve preguntas de este segundo bloque tratan sobre la extradición de ecuatorianos, la expropiación de bienes de origen ilícito o injustificado a delincuentes y la declaración de zonas de interés nacional para erradicar la minería ilegal.
También respecto a dar al presidente la protestad de calificar de urgentes proyecto de ley que no solo sean de materia económica y de conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a policías, militares y guardias carcelarios por delitos relacionados con el uso de la fuerza.
Asimismo, a cerca de establecer judicaturas especializadas en materia constitucional y de que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
Otra cuestión planteada se refiere a que militares y policías sean juzgados por delitos cometidos dentro de su misión en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial.
Por último, el Ejecutivo ecuatoriano también quiere reformar el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
