Los datos recabados apuntan al uso de bombas pesadas GBU-31, GBU-32 y GBU-39 y la muerte verificada de al menos 218 personas en estos seis ataques, mientras que "el número de muertes podría ser mucho mayor", indica el texto. Tales municiones se usan normalmente para atravesar varios pisos de hormigón y ocasionar el colapso completo de estructuras altas.
Dada la densidad de población en las zonas atacadas, "es muy probable que el uso de un arma explosiva pesada en una zona tan amplia equivalga a un ataque indiscriminado prohibido", indicaron los especialistas. En este sentido, destacan que la presencia de un comandante o de varios combatientes, o de distintos objetivos militares en una zona, "no convierte un barrio entero en un objetivo militar, ya que esto violaría el principio de proporcionalidad y la prohibición de ataques indiscriminados".
"Si bien las FDI afirman que han iniciado evaluaciones fácticas de la mayoría de los incidentes examinados en el informe, ya han pasado ocho meses desde que ocurrió el primero de estos incidentes extremadamente graves", comentó el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. "Sin embargo, todavía no hay claridad sobre lo que sucedió ni sobre los pasos hacia la rendición de cuentas", añadió.
Türk instó a Israel a que haga públicas sus propias conclusiones detalladas sobre estos casos de masacre de civiles. Además, manifestó que el país hebreo debe garantizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre estos y todos los demás casos similares.