La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, este miércoles 19 de junio, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada, ocurrido entre 1980 y 2000.
"Se condena a los acusados por los delitos contra la libertad y el honor sexual, considerados de lesa humanidad", precisó el juez René Eduardo Martínez, de la Corte Superior Nacional, al leer el fallo contra los 10 exmilitares, que no acudieron a la audiencia.
El caso se remonta a 1984 cuando el ejército instaló una base cerca de las localidades andinas Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica, una de las regiones más pobres del centro-oeste de Perú.
De acuerdo con las investigaciones, algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron abusadas. Cinco de ellas resultaron embarazadas.
En ocasiones los crímenes sucedían cuando las adolescentes estaban ingresando a sus casas tras ser amenazadas con fusiles, o luego de ser detenidas y acusadas sin pruebas de formar parte de Sendero Luminoso.
Una víctima relató que aún tiene una cicatriz en la cadera luego de que un militar le cortara con un cuchillo su ropa íntima. Muchas de las violaciones se produjeron incluso dentro de la base militar que fue construida con adobes por los propios pobladores, obligados por los militares, y en la actualidad es una vivienda abandonada.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en las dos décadas de violencia armada que vivió Perú, hubo cientos de casos de violaciones sexuales, esclavitud sexual, desnudos, prostitución, uniones y abortos forzados.
El estatal Registro Único de Víctimas del conflicto cifró en mayo de este año en 5.882 los casos de violaciones sexuales durante ese periodo de violencia.
El conflicto interno peruano dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos, según la CVR, y hubo casos de abusos de ambas partes.
