Milei veta la ley de reforma jubilatoria en Argentina
El gobernante argentino, en medio de las protestas de los jubilados, firmó el veto total a la Ley
Internacional.- En las últimas horas de este viernes 30 de agosto, el presidente Javier Milei vetó la ley de reforma jubilatoria. Si bien se creyó que podría tratarse de un veto parcial, finalmente, el mandatario decidió anular por completo la norma, en medio de las protestas de los jubilados.
De acuerdo a lo que informan medios nacionales, Milei se reunió con diputados, en la Casa Rosada, tras este encuentro hubo fuentes que confirmaron que “el veto ya está listo”. Aseguran que en toda la jornada trabajaron a contrarreloj en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, junto con los equipos de Economía y Anses, que ya elaboraron informes en los que dan las razones por la que la ley es impracticable y debe ser vetada.
Sobre el contenido de la reunión de Milei con los legisladores de la Cámara baja, se supo que el Presidente recibió a legisladores afines, quienes le dieron su apoyo para defender el veto. Allí estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informaron fuentes oficiales.
Además, se comprometieron a evitar una reversión de su decreto en la Cámara baja. Dado que en el Senado la ley fue aprobada por más de dos tercios, la única alternativa que tiene el Presidente es que el veto sobreviva al no cosechar los suficientes rechazos en Diputados.
Según publicó diario La Nación, “el mensaje a la sociedad es el veto en sí mismo. Es veto total”, dijo esta mañana un colaborador presidencial. Esta tarde Milei -que suele pasar los viernes en Olivos- se dirigirá a la Casa Rosada para grabar una entrevista televisiva.
La ley de movilidad jubilatoria buscaba reformar el sistema de actualización mensual de las pensiones, que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un incremento adicional del 8,1 %.
Milei anunció, en una entrevista que concedió la semana pasada que vetaría la reforma fundamentando su decisión en que esta Ley implicaría un gasto adicional de 1,2 % del PIB, y obligaría al Estado a contraer una deuda.
