La sentencia judicial, consignada por el medio uruguayo, señala que se demostró que “entre la pareja existía una situación de violencia doméstica de larga data”.
Según su versión publicada por el diario uruguayo El País, el marido solía pegarle agarrándola a ella y sus hijos de los pelos, y los amenazaba con matarlos a tiros. También los aislaba para que no pudieran ver a otros familiares ni a amigos y les escupía los platos de comida y, si faltaban alimentos, se lo priorizaba a él.
Durante los 16 años que duró la relación, la mujer se ocupaba de las tareas de la casa. No trabajaba porque, según su relato, el marido no la dejaba. Él se dedicaba a hacer trabajos de fuerza, hasta que un día una hernia de disco le truncó la posibilidad de seguir con el oficio y pasó a cobrar una pensión por invalidez, pagada por el Banco de Previsión Social (BPS), el organismo previsional del país.
Esa pensión era el único ingreso que tenía la familia, lo que motivó que la mujer ocultara que había matado al hombre. La mujer siguió cobrando ese ingreso hasta que en julio de 2022 el BPS descubrió la maniobra e hizo una denuncia.
En el juicio, la defensa de la mujer aseguró que ella resolvió ocultar el homicidio porque sus cuatro hijos eran menores de edad y quería evitar que los separen. El más chico tenía cuatro años en el momento del asesinato. La homicida planteaba denunciar la situación cuando la hija mayor cumpliera los 18 años.
Un posible argumento de la condenada era decir que se trató de un episodio de legítima defensa o que hubo dos situaciones que están previstas en el Código Penal, que podrían haber llevado a que la mujer sea exonerada de responsabilidad. Uno de los artículos de la norma habla del “estado de necesidad” y exime de culpa a quienes ataquen a otra persona en defensa de su propia vida o de su integridad física. El otro artículo refiere a un estado de “intensa conmoción”, que libra de responsabilidad a los cónyuges que hayan sido sometidos a una “intensa y prolongada violencia” de parte de la víctima.
Un informe de una psicóloga que se presentó en el juicio mostró que, desde que mató a su esposo, la mujer comenzó a tener una relación más violenta hacia sus hijos. Tres de ellos quedaron al amparo de un instituto de menores en Uruguay.
