En la semana siguiente al incidente del 11 de noviembre, los agentes de policía detuvieron repetidamente los vehículos de MSF y amenazaron directamente al personal, incluso con matarlos y violarles, afirmó la organización.
"Estos repetidos incidentes han obligado a la organización a suspender todos los ingresos y traslados de pacientes en sus cinco centros médicos de la capital haitiana", afianzó la ONG.
"Cada día que se suspenden nuestras actividades es una tragedia, ya que somos uno de los pocos proveedores de muchos servicios médicos que han permanecido abiertos durante este año extremadamente difícil. Pero no podemos seguir operando en un entorno en el que nuestro personal corre el riesgo de ser atacado, violado o incluso asesinado", continúa Garnier.
"También se han producido ataques en varias ocasiones contra ambulancias y personal de MSF por parte de grupos armados de autodefensa", apuntaló MSF.
Cada semana, MSF atiende en el área metropolitana de Puerto Príncipe a una media de más de 1.100 pacientes ambulatorios, 54 niños en situación de emergencia, más de 80 supervivientes de violencia sexual y de género y muchas personas quemadas.
"La suspensión de actividades afecta a todos los servicios médicos, a excepción de la atención a los pacientes ya hospitalizados en las cinco estructuras médicas y clínicas móviles de MSF en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que seguirán siendo atendidos", añadió la nota. También continúan las actividades de salud materna en el sur del país, en Port-à-Piment.
"Estamos presentes en Haití desde hace más de 30 años, y lamentamos profundamente tomar esta decisión, en un momento en que los servicios de salud nunca han sido tan limitados para la población haitiana. Muchas personas perderán el acceso a los servicios de MSF porque no podemos trabajar con seguridad en Puerto Príncipe", enfatizó la organización.
Médicos Sin Fronteras terminó su comunicado afirmando que solo podrá reanudar "la admisión de nuevos pacientes en nuestras instalaciones de Puerto Príncipe si recibimos garantías de seguridad y respeto de nuestro mandato médico y humanitario por parte de los grupos armados, los miembros de los grupos de autodefensa y las fuerzas del orden.
