Agregó que, desde 2010 hasta la fecha, 564 estudiantes han sido víctimas de violencia sexual cometida por docentes o auxiliares de educación, principalmente.
Promsex afirmó que este panorama "evidencia la persistencia de la impunidad y la negligencia estatal", que han permitido que estos crímenes "continúen afectando a nuestras infancias".
En ese sentido, la organización reiteró la exigencia a los ministerios de Educación y de Justicia de informar cuántos docentes han sido separados, llevados a la Justicia y recibido sentencias condenatorias.
Igualmente, exigieron la protección para las lideresas del Consejo de Mujeres Awajún, que reciben amenazas de muerte por denunciar estos casos.
"Demandamos que el Estado active, de inmediato, mecanismos de protección para las defensoras de derechos humanos, garantizando su seguridad", manifestó en el pronunciamiento compartido en su cuenta de la red social X.
En julio pasado, el ministro de Educación, Morgan Quero, informó que se habían separado a 121 docentes de Condorcanqui, a raíz de las denuncias de cientos de casos de abusos por parte de los profesores contra menores de la etnia Awajún desde 2010.
"Hemos bloqueado a todos los docentes que tienen algún tipo de denuncia en la región Amazonas para que no puedan contratarse en otras Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Garantizo que no habrá ningún docente que tenga una denuncia por hostigamiento o violencia sexual que trabaje en Condorcanqui", declaró Quero en ese momento.
Este suceso se hizo muy conocido, porque, cuando medios de comunicación preguntaron al ministro sobre el caso, este afirmó que trabajarán en "algún tipo de solución para zanjar la situación", incluso, "si es una práctica cultural".
Las palabras de Quero fueron respaldadas por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, lo cual generó críticas de diversas organizaciones de derechos humanos.
