La Policía registra la oficina del presidente de Corea del Sur en relación a la ley marcial
Los agentes allanaron también las oficinas de la Agencia Nacional de Policía y de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl
Internacional.- La policía surcoreana allanó este miércoles la oficina presidencial para investigar las acusaciones que recaen sobre el presidente Yoon Suk-yeol, sospechoso de organizar una insurrección al imponer brevemente la ley marcial la semana pasada, informa Yonhap.
Un equipo de 18 agentes buscó en el despacho presidencial posibles pruebas y materiales relacionados con la declaración de la ley marcial, como las actas de una reunión del Gabinete celebrada poco antes de que Yoon anunciara la orden el 3 de diciembre, según la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía.
Yoon Suk-yeol es considerado sospechoso de traición, rebelión y abuso de poder. El Ministerio de Justicia le impuso el lunes la prohibición de viajar.
Este miércoles la policía también allanó las oficinas de la Agencia Nacional de Policía, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl y la Guardia de Policía de la Asamblea Nacional. El registro se produjo tras las detenciones de urgencia de los jefes de las dos primeras instituciones, Cho Ji-ho y Kim Bong-sik, en las primeras horas del día. Se sospecha que ambos altos mandos policiales dieron instrucciones a los agentes para que acordonaran la Asamblea Nacional e impidieran que los legisladores entraran en el Parlamento para intentar revocar el decreto de la ley marcial.
- El presidente de Corea del Sur decretó la ley marcial el martes de la semana pasada durante un discurso de emergencia. Su decisión se produjo después de que el partido opositor aprobara por vía rápida un proyecto de ley presupuestaria a la baja, en la respectiva comisión parlamentaria, y presentara mociones de destitución contra un auditor estatal y el fiscal jefe.
- A pesar de que la ley marcial fue levantada en breve, la medida fue duramente criticada por las fuerzas de oposición, que la tacharon de "inconstitucional".