A finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.

El 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC).

La solicitud fue presentada tras el fallido intento de arresto el 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia del expresidente para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.

Además, el 2 de enero miles de personas se congregaron frente a la residencia de Yoon para impedir su arresto. Ese mismo día, Yoon proclamó su intención de "luchar hasta el final" ante la inminente detención.

El 5 del mismo mes, la agencia Yonhap supo por el jefe del equipo encargado de investigar el presunto golpe de Estado, Choo Mi-ae, que el director del Servicio de Seguridad Presidencial surcoreano, Park Chong-jun, habría ordenado disparar granadas aturdidoras y balas reales en ciertas condiciones, si no lograba resistir en una pelea física. Choo denunció también que algunos ejecutivos de ese servicio no solo guardan lealtad al presidente suspendido, sino que "siguen ciegamente a Yoon Suk-yeol y a (el exministro de Defensa) Kim Yong-hyun".

El día 14, la 55.ª Brigada de Seguridad del Comando de Defensa de la Capital del Ejército, que está a cargo de proteger el perímetro exterior de la residencia presidencial, advirtió que no obstaculizaría el acceso a la misma de los miembros de la OIC y la Oficina Nacional de Investigaciones para ejecutar una orden de arresto contra Yoon. La decisión de los uniformados de abrir las puertas de la residencia oficial hizo mucho más fácil el segundo intento de ejecución, designado para este 15 de enero.