El mes pasado, las agencias de inteligencia estadounidenses hicieron circular unos hallazgos que contrastan marcadamente con las afirmaciones de Trump, según funcionarios familiarizados con el asunto. El documento, fechado el 26 de febrero, resumió la opinión compartida de las agencias de espionaje del país de que la banda criminal no estaba controlada por el gobierno venezolano.
La revelación pone en duda la credibilidad del sustento del presidente estadounidense al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la finalidad de trasladar a un grupo de venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado fin de semana, sin el debido proceso.
La evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la organización el "Tren de Aragua", no está dirigida por el Gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos por orden suya, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.
Los analistas consideran que esa conclusión tiene un nivel de confianza "moderado", dijeron los funcionarios, debido al limitado volumen de información disponible sobre la banda. La mayor parte de la comunidad de inteligencia, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, coincidió con esa valoración.
De acuerdo a la evaluación, según un agente, describe a la organización como carente de recursos y demasiado desorganizada (con escaso mando y control centralizados) para poder cumplir las órdenes del Gobierno.
"Se preparan múltiples evaluaciones de inteligencia sobre asuntos por diversas razones", dijo la Casa Blanca en un comunicado. "El presidente estaba dentro de su autoridad legal y constitucional para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de nuestro país a terroristas extranjeros ilegales", agregó.
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinó hacer comentarios.
El extraordinario uso por parte de Trump de poderes para tiempos de guerra con el fin de impulsar sus medidas represivas contra la migración ha puesto a su gobierno al borde de un enfrentamiento constitucional con el poder judicial. Un juez de Washington está estudiando si el gobierno violó su orden de bloquear, por ahora, la expulsión de migrantes en virtud de la ley. El Departamento de Justicia denunció que la orden vulneraba los poderes de Trump en materia de seguridad nacional y pidió a un tribunal de apelaciones que la anulara.
La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al poder ejecutivo para expulsar sumariamente a ciudadanos extranjeros cuyo gobierno esté en una guerra declarada con los Estados Unidos o esté invadiendo o participando en una "incursión depredadora" en territorio estadounidense. El gobierno utilizó la ley por última vez en el internamiento y repatriación de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
También se ha cuestionado la insistencia del gobierno en que todos los hombres que envió a El Salvador son miembros del "Tren de Aragua". En una comparecencia judicial, un funcionario reconoció que muchos carecen de antecedentes penales.
