Un nuevo golpe a los mayores: Pensionados en Argentina enfrentan la posibilidad de perder su beneficio
La administración de Javier Milei está implementando un recorte drástico en el gasto público, conocido como "motosierra"
Internacional.- El Gobierno argentino ha decidido no prorrogar la moratoria que permitía a los adultos mayores acceder a su pensión sin haber cumplido con los 30 años de aportes a través de un plan de pagos. Un experto advirtió que esta medida afectará a más del 70 % de los adultos mayores que esperaban jubilarse.
La administración de Javier Milei está implementando un recorte drástico en el gasto público, conocido como "motosierra". Después de un año marcado por ajustes fiscales en el ámbito de las jubilaciones, el Ejecutivo ha decidido suspender la medida que otorgaba pensiones a aquellos que no habían alcanzado los 30 años de aportes previsionales mediante un programa para saldar deudas con el Estado.
En un contexto donde más de un tercio de los trabajadores se encuentra en la informalidad laboral, las moratorias previsionales han sido una herramienta esencial para asegurar una jubilación digna. Como resultado, los adultos mayores afectados quedarán fuera del sistema jubilatorio y deberán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80 % de la jubilación mínima, fijada en $349 mil (aproximadamente 270 dólares al tipo de cambio paralelo).
En 2024, 427 mil personas obtuvieron su alta jubilatoria en Argentina, de las cuales el 73,5 % lo logró gracias a la moratoria. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, la suspensión de esta política podría dejar sin jubilación al 70 % de los hombres y al 90 % de las mujeres en edad de retiro.
El impacto económico es significativo. Con un bono extraordinario otorgado durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) y actualmente congelado por la administración actual, la PUAM a la que se limitarán los afectados asciende a $286.800 (225 dólares). Esta cantidad representa menos de una cuarta parte de la canasta básica para adultos mayores, que supera los $1.200.000 e incluye elementos esenciales como medicamentos.
La suspensión también acarreará otras implicaciones. Por un lado, mientras que la edad jubilatoria para las mujeres es a partir de los 60 años, la PUAM se concede solo a partir de los 65, lo que genera una discrepancia temporal de cinco años. Además, a diferencia de la jubilación convencional, la PUAM no permite trabajar ni acceder a una pensión por fallecimiento.
Introducidas en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), las moratorias fueron inicialmente denominadas "jubilación para amas de casa", dado que estas mujeres fueron las primeras beneficiarias. Sin embargo, desde entonces han representado un aumento considerable en el gasto público y han contribuido al déficit fiscal; esta es la razón principal esgrimida por el Gobierno de Milei para justificar su eliminación.
En el último proyecto presupuestario enviado al Congreso, los gastos relacionados con la seguridad social representaban el 38,2 % del total previsto para 2025. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, la eliminación de las moratorias podría suponer un ahorro superior a $220 mil millones para el Estado durante los últimos nueve meses del año, ya que entrará en vigencia plena en abril.
Para el Gobierno, el ajuste en las partidas previsionales es crucial: durante sus primeros 15 meses en el poder, las jubilaciones han perdido un 15 % de su poder adquisitivo. De hecho, el Congreso aprobó una ley para aumentar los haberes que finalmente fue vetada por el presidente Milei, lo que ha desencadenado movilizaciones en protesta.
"Un nuevo golpe a los viejos"
"La eliminación de la moratoria agrava una situación ya crítica para más del 70 % de los adultos mayores que esperaban jubilarse. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en Buenos Aires, advierte que esta decisión del Ejecutivo no solo aumenta de facto la edad de jubilación, sino que obliga a las mujeres a esperar cinco años más para acceder a prestaciones que son un 20 % inferiores. Además, el problema va más allá de la moratoria; actualmente, cinco millones de personas reciben la jubilación mínima, insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación solo profundiza el deterioro de sus ingresos.
El tema de las jubilaciones ha sido un dilema constante en la política argentina. La problemática es estructural, ya que altos índices de informalidad laboral privan a millones de trabajadores de realizar los aportes necesarios para acceder al derecho a la jubilación. Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández impulsaron reformas previsionales al asumir, debido al significativo déficit fiscal asociado a estas erogaciones. En 2010, Cristina Fernández vetó una ley que garantizaba un mínimo del 82 % del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones, argumentando la falta de financiamiento.
Manuel Mera, director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, señala que 'el sistema argentino es caro y malo', ya que representa un alto costo para el Estado y ofrece haberes extremadamente bajos a los jubilados. Cualquier reforma tendrá efectos a largo plazo y requerirá un amplio consenso político, algo que parece difícil en el contexto actual."
