A pesar de las pruebas y que confesó el hecho, la fiscalía presentó que el adolescente deberá continuar su escolarización, practicar deporte, no salir por la noche ni relacionarse con personas de entornos conflictivos, asistir a programas de reeducación y continuar con el tratamiento psicológico, entre otras normas. Por lo cual, el chico lo ha aceptado y ha firmado.
El menor ha aceptado el cambio de la pena y se compromete a cumplir las estrictas exigencias de los jueces que buscan encarrilar su vida. La primera es asistir a clases al centro educativo que “mejor responda a sus características personales”, con adaptaciones curriculares pertinentes para que pueda retomar sus actividades escolares. Mientras esto no suceda, tendrá apoyo escolar de un educador.
Así mismo, deberá practicar deporte u otras actividades lúdicas extraescolares. Y no podrá salir de su domicilio desde las 23 h. hasta las 7 h de la mañana. Y si quiere ausentarse tendrá que pedir autorización judicial previa.
La sentencia también establece una vigilancia intensiva por parte del equipo educativo y sanitario, con la obligación al menor de asistir a las citas establecidas “mostrando una actitud de responsabilidad frente al cumplimiento de las reglas de conducta”.
Hay más restricciones. Lo condenan a no relacionarse con personas de entornos conflictivos y no consumir sustancias psicoactivas, con obligación de someterse de forma periódica a analíticas de control.
También deberá acudir al psicólogo en su centro de salud mental.
