Entre las propuestas aparece la figura del «arraigo por formación», que permitiría que las personas que se encuentren en España en situación irregular desde hace dos años y asuman un compromiso efectivo de formación en sectores con demanda de empleo puedan obtener autorización de residencia.

La normativa que se reforma exige, en el caso del arraigo laboral, que el extranjero haya permanecido en España durante al menos dos años y haya trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses.

En el caso del arraigo social se debe demostrar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad, pero también un contrato con una duración mínima de un año.

Entre los objetivos está también configurar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que permita conocer más exactamente las necesidades del mercado de trabajo para mejorar los procedimientos de contratación en origen.

Se conoció que alrededor de 320 mil venezolanos residen actualmente en España y unos 150 mil españoles continúan en Venezuela, según cifras confirmadas por el Jefe de la Misión Diplomática de la Embajada de España en el país, Ramón Santos, en entrevista a Últimas Noticias el pasado mes de junio, reseña Últimas Noticias.