Opinión.- Un ciudadano acucioso, como lo deberíamos ser todos, puede echar un ojo y buscar en internet algunos datos que nos podrían dar indicios de los retos que debemos afrontar para salir del eterno presente sin salida que nos ofrece la autocracia militar. La Asamblea Nacional, la electa en 2020 en comicios no competitivos y plagados de controversias, aprobó el presupuesto anual del país en 2022 con una polémica definición doble de ingresos corrientes (los geniales diputados inventaron que existen ingresos corrientes e ingresos corrientes extraordinarios), tras esa “innovación contable” los municipios perdieron casi la mitad de sus ingresos vía situado constitucional. Eso potenció la voracidad fiscal de los municipios que, a todas luces, prefirieron expoliarle al ciudadano vía tributos lo que se dejaron robar por esa Asamblea Nacional. La queja de los alcaldes y concejales cómplices es que “no hay recursos”.

Pues bien, la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un financiamiento importante para las agencias de la ONU que operan en Venezuela dirigido al desarrollo de sus actividades para mitigar el impacto de la Crisis Humanitaria Compleja. También pudimos conocer que para este año, aunque es insuficiente para atender los 13 millones de venezolanos en riesgo alimentario, las distintas ONGs venezolanas que proporcionan ayuda a la población más necesitada efectuarán su labor este año con una cifra de 780 millones de dólares. Un alcalde cualquiera, aunque mi pensamiento se centra en el municipio Libertador de Carabobo, teniendo la certeza de la insuficiencia presupuestaria y las graves dificultades que enfrentan los ciudadanos que, entre otras cosas, muestran 35% de rezago de peso y talla en los infantes entre 1 y 5 años, debería (antes que organizar conciertos, bailoterapias y templetes), al menos, reunirse con esas agencias de las Naciones Unidas, con la CAF y con las ONGs venezolanas para orientar y apoyar esas iniciativas humanitarias para que lleguen a su jurisdicción.

No solo eso, las distintas agencias de cooperación internacional asociadas a las embajadas que aún permanecen en Venezuela informan en sus respectivas páginas web, que tienen distintos programas de inversión que pueden ser ejecutados en asociación con los gobiernos “sub – nacionales” (traducción: estados y municipios). El requisito obvio no es que los alcaldes se vean lindos o lindas en su foto de instagram, es que se establezcan relaciones de colaboración con esas instancias pensando el bienestar de la gente. El cuento del bloqueo no es excusa. Puede leerse en la página web del Banco Mundial (organismo financiero multilateral) que tiene políticas específicas para proporcionar fondos de carácter fiduciario (fondos de garantía) que minimicen los riesgos de inversión internacional directa en aquellos países en riesgo conflictos bélicos. Si se puede lograr fondos de garantías para dirigir inversiones internacionales directas privadas en países africanos con guerras civiles activas, ¿Por qué no se puede en Venezuela, en Carabobo o en Libertador?.

Es que incluso, entre Ucrania y Rusia, con la asistencia diplomática de la ONU, se pudo establecer un acuerdo para que el trigo ucraniano pueda ser exportado en medio de una guerra de agresión con riesgo de convertirse en una guerra nuclear. Deberíamos ser aún más ambiciosos y pensar en que la total quiebra de la industria petrolera y su compleja circunstancia para revivirla en el mediano plazo supone pensar en una economía post - rentística. De hecho, algunos especialistas indican que para sacar del foso madurista a PDVSA y llevarla al nivel que tenía en 1998, se requiere invertir 10 mil millones de dólares anuales durante 10 años continuos, quizá, para entonces, el petróleo no sea un negocio tan rentable.

Lo que si tiene rentabilidad es la inversión en la agricultura y la agroindustria. En efecto, el campo venezolano tiene el potencial para producir tanto para satisfacer al mercado nacional como al internacional (de hecho, muchos productos agrícolas antes de 1998 se exportaban, no estamos hablando de ciencia ficción). ProColombia, una oficina gubernamental colombiana, informó, en 2021, que con una inversión directa internacional por el orden de los 300 millones de dólares (una fracción de lo requerido por la industria petrolera venezolana), se crearon más de 11 mil empleos directos en distintos proyectos de siembra en la que eran socios los agricultores y compañías trasnacionales. Colombia tiene una geografía similar a la venezolana pero sin el Orinoco, sin el Pao y sin nuestra fachada atlántica que nos favorece a la hora de exportar productos, de tenerlos, a Europa y Norteamérica.

Los agricultores venezolanos no necesitan dádivas, ni que les pinten pajaritos preñados en un discurso, lo que se requiere es acceso a intermediación financiera internacional, acceso a créditos por la banca multilateral, garantías jurídicas y seguridad personal. Con una cifra similar a la necesaria e imprescindible ayuda humanitaria con la que atiende, a lo sumo, a 5 millones de venezolanos dándoles un plato de comida para mitigar el hambre de un día, se podría permitir a los agricultores venezolanos crear el alimento para sostener a toda la población, dar empleo decente y ser competitivos en el mercado internacional. Se necesita un nuevo enfoque para afrontar esa transición económica, un experto amigo me informó que calcula que en el municipio Libertador cuenta con 10.000 hectáreas con condiciones óptimas para la siembra, pero, lamentablemente, nos hace falta otro gobierno.

Por Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica