Opinión.- En la normalidad institucional de las democracias occidentales, existen los gobiernos monopartidistas y gobiernos de coalición (bipartidistas o multipartidistas). Los gobiernos de coalición son poco frecuentes y poco estudiados en regímenes presidencialistas frente a la amplia experiencia de los regímenes parlamentarios, sin embargo, esos ensayos gubernamentales no son un terreno vedado. De hecho, en momentos de crisis, un gobierno de coalición puede significar la diferencia clave entre la estabilidad y el caos.

En Venezuela existe cierta experiencia, por ejemplo, tras la firma del Pacto de Puntofijo, bajo el cual el gobierno de Rómulo Betancourt fue decididamente de coalición dado que miembros de distintos partidos integraron el Consejo de Ministros y el “Programa Mínimo Común” era la agenda compartida por los tres partidos coaligados (AD, Copei y URD). En los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, al menos en el papel, se dio un gobierno de coalición integrado por los partidos que conformaban el “Polo Patriótico”, aunque partidos como el PCV se sintieron estafados, según la opinión de sus propios militantes, porque en dicha alianza sus pareceres no tenían el más mínimo peso.

No obstante, conformar un gobierno de coalición no es una tarea sencilla. En principio porque los coaligados vienen de partidos políticos distintos e, incluso, con agendas antagónicas hasta la víspera. Muchas veces son enemigos declarados antes, durante y después de formar gobierno juntos, por tanto, un requisito de la conformación de un gobierno de coalición, antes que un escrito desesperado de un diplomático fuera de nuestras fronteras, es el establecimiento de normas formales que permitan delimitar funciones y dirimir controversias para preservar, como fin lógico, el “Programa Mínimo Común” por encima del interés partidario.

Debe entenderse que hay, al menos, tres principios en tensión permanente dentro de los gobiernos de coalición: 1) Principio de Dirección Presidencial, 2) Principio Colegial y 3) Principio Departamental. El primero alude a las atribuciones exclusivas del Presidente o Jefe de Gobierno como aquella de establecer el orden del día en el Consejo de Ministros, la de designar ministros o decidir crear o suprimir ministerios, el segundo, a aquellas competencias que constitucionalmente se reserva, al menos conjuntamente con el Presidente, al Consejo de Ministros. Allí debe existir cierto delicado equilibrio que evite convertir el Consejo de Ministros en un pequeño parlamento y, al tiempo, que el Presidente asuma un prudente papel de primero entre iguales. El tercero, quizá el más importante a los fines de garantizar la eficiencia administrativa, se refiere a la responsabilidad personal del ministro sobre su cartera y su gestión lo cual implica no reproducir la repartición partidaria del gobierno en sus dependencias y departamentos adscritos. Un ministerio, una cadena de mando.

Un gobierno de coalición implica, por su propia naturaleza, una excepcionalidad destinada a responder a un escenario complejo: una crisis, una guerra o evitar una guerra. Sus miembros no están obligados a quererse, pero si están obligados, por las circunstancias de emergencia, a respetar normas, acuerdos y buenas prácticas de transparencia y contraloría pública para que en la gestión gubernamental la rendición de cuentas se abra paso frente a las siempre despreciables complicidades y solidaridades automáticas.

Conformar un gobierno de coalición o mantener un gobierno de monopartido es una decisión que tiene como protagonista al Presidente. Mucho más en regímenes presidencialistas. Aún con más énfasis en los regímenes hiperpresidencialistas como el de Venezuela. Si existe una crisis humanitaria compleja, si padecemos el aislamiento internacional, si no hay efectivo control civil sobre las fuerzas armadas, si no hay efectivo control sobre el territorio nacional y si hay serios cuestionamientos sobre la legitimidad de nuestras instituciones, este sería el momento preciso para un gobierno de coalición. Pero, es obvio, que quién designa ministros es el Presidente. Es él, personalmente, el que puede decidir que Venezuela salga del caos o se pueda hundir, aún más, en el foso de la inviabilidad.

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica