Uno de los temas centrales de este diálogo es la necesidad de adaptar la legislación electoral, que actualmente se encuentra en un estado preconstitucional y presenta ambigüedades, especialmente en lo que se refiere a las sanciones para aquellos actores que transgreden las normas democráticas. Es fundamental establecer un marco claro y coherente que garantice el respeto por los procesos electorales y por las instituciones encargadas de supervisarlos, como el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La situación actual en Venezuela es preocupante. Sectores de la extrema violencia han optado por desconocer los resultados electorales y, tras perder elecciones, han deslegitimado no solo el proceso electoral, sino también al CNE. Esta actitud no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también alimenta un clima de inestabilidad y confrontación. La llamada a la violencia y la intervención extranjera por parte de estos sectores es un claro indicativo de su rechazo a la vía democrática, una vía que debería ser el pilar fundamental de cualquier sociedad que aspire a ser libre y justa.

Es imperativo que el diálogo electoral no se convierta en un mero ejercicio retórico. Debe ser una plataforma genuina para construir consensos y establecer mecanismos efectivos que promuevan la paz y el respeto por la voluntad popular. Los actores políticos deben entender que el futuro de Venezuela depende de su capacidad para resolver sus diferencias a través del diálogo y no a través de la violencia o la deslegitimación de las instituciones.

La Gran Mesa de Diálogo Nacional debe ser vista como una oportunidad para redefinir las reglas del juego electoral en Venezuela. Es hora de que todos los sectores, independientemente de su inclinación política, se comprometan a trabajar juntos por un país donde el respeto por la democracia y el Estado de derecho sean inquebrantables. Solo así podremos construir un futuro donde cada voto cuente y donde la voz del pueblo sea verdaderamente escuchada.

 
La historia nos ha mostrado que el camino hacia la democracia plena está lleno de obstáculos, pero también está repleto de oportunidades para aquellos dispuestos a dialogar y a construir un país mejor. La responsabilidad recae en todos nosotros: políticos, ciudadanos y organizaciones sociales. El momento de actuar es ahora.

El artículo 130 de la Constitución establece un deber fundamental para todos los venezolanos: honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, así como proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial y los intereses de la nación. Este principio es clave para fortalecer la identidad nacional y garantizar un entorno de paz y estabilidad.

Importancia de la Defensa de la Patria

La defensa de la patria no solo implica una lealtad emocional hacia el país, sino también un compromiso activo con su bienestar. Esto incluye, Resguardo de la Soberanía; Protección de la Integridad Territorial; Promoción de Valores Culturales.

Para llevar a cabo el mandato del artículo 130, es necesario desarrollar una legislación específica.

El desarrollo legislativo del artículo 130 es fundamental para fortalecer el tejido social y político de Venezuela. Al establecer un marco claro que defienda la soberanía y castigue las acciones que amenazan la integridad nacional, se fomenta un ambiente propicio para el diálogo y el respeto mutuo entre todos los venezolanos. La defensa de la patria es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de cada ciudadano, así como el respaldo institucional necesario para garantizar que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución.