Opinión
Basta de sanciones: Un llamado a la sensatez
Por esta razón, la primera administración de Trump apartó al Estado venezolano de las instituciones financieras internacionales y prohibió transacciones, especialmente con Pdvsa
6 de marzo de 2025
Opinión.- Las sanciones económicas contra Venezuela atentan contra la vida de los que están aquí, no promueven la democracia y tampoco benefician a Estados Unidos. Es hora de decirlo alto y claro, sin matices: estas medidas deben terminar.

Algunos evalúan si es mejor debatir sobre la continuidad de la licencia Chevron o sobre la necesidad de reformar el esquema de sanciones. Sin embargo, la realidad es que estas medidas afectan indiscriminadamente a toda la población, sin distinción de posición social. No contribuyen a una solución política, sino que profundizan el conflicto. Por ello, el llamado a levantarlas debería ser un punto de encuentro para todos los que hacen vida en Venezuela, al menos por interés propio.

Pedir el fin de las sanciones no significa desconocer las legítimas reivindicaciones por derechos políticos, civiles y humanos, por democracia y libertad de expresión, o por servicios públicos dignos. Todo lo contrario: estar en contra de las sanciones es estar a favor de una Venezuela próspera.

Es insensato e injusto que la sociedad venezolana siga pagando el costo social y económico de las sanciones por las acciones del gobierno. Un pueblo ya golpeado por años de crisis no merece otro castigo más por cuenta del conflicto político.

El mundo está lleno de regímenes autoritarios, y no pocos son aliados de Estados Unidos. Egipto, por ejemplo, ha recibido de Washington más de 200 mil millones de dólares en ayuda desde 1975, mientras sus gobernantes (militares en su mayoría) han estado lejos de ser demócratas. Sin embargo, para ellos no hay sanciones, si no regalos.

Si el interés real es el bienestar de los venezolanos y no el castigo político, entonces el camino es claro: el fin de las sanciones debe ser inmediato.

Las sanciones atentan contra la vida de los venezolanos

No perdamos de vista cómo funcionan las sanciones económicas. Su propósito, en la mayoría de los casos, es colapsar la economía para que la población se vuelva contra su gobierno. Sin embargo, esto suele derivar en dos escenarios: una mayor represión por parte de la élite gobernante o una sociedad tan ocupada en su propia supervivencia que ni siquiera puede protestar.

El caso de Venezuela es un claro ejemplo. La venta de petróleo a través de Pdvsa sustenta tanto el gasto público como el sector privado, ya que el 95 % de las divisas que ingresan al país provienen de la renta petrolera. Esto ha sido así durante décadas, desde que Venezuela se consolidó como un país rentista.

Por esta razón, la primera administración de Trump apartó al Estado venezolano de las instituciones financieras internacionales y prohibió transacciones, especialmente con Pdvsa, la gallina de los huevos de oro del país.

¿Cuál era el objetivo? Cortar casi por completo los ingresos del Estado. Y, siendo Venezuela un país rentista petrolero, asestar un golpe mortal a toda la economía. Una que, ya en 2017, estaba gravemente debilitada por la mala administración de los fondos públicos y la caída de los precios del crudo. Estos hechos no deberían ser polémicos: ¿qué otro resultado se podía esperar al cercenar drásticamente los ingresos de un país?

Aunque las sanciones son contra el Estado, sabemos que también fueron un duro golpe contra el sector privado. Las divisas de la renta petrolera dejaron de llegar al mercado cambiario, a la vez que se cancelaban contratos con la principal industria del país. Y si también el sector público pierde poder adquisitivo, repercute sin dudarlo en el privado.

Lo único que salvó a Venezuela fue la propia iniciativa de su gente, que se negó a rendirse. Del sector privado que se quedó y llenó espacios a los que el estado ya no llegaba. Se hizo de todo con nada, emprendiendo y trabajando en condiciones muy lejos de ser ideales. Y así se llegó hasta 2025, pero así no puede prosperar una sociedad.

Desde el primer gobierno de Trump, ya se sabía el impacto devastador que tendrían las sanciones. Thomas Shannon, entonces subsecretario del Departamento de Estado, lo advirtió en The Washington Post: “Dije que las sanciones iban a convertir en polvo la economía venezolana y tendrían enormes consecuencias humanas, una de ellas sería la emigración.”

Esta estrategia (asfixiar la economía de un país para forzar un cambio político) no es nueva. Se ha usado en guerras desde la antigüedad, especialmente cuando una potencia no logra someter a un adversario más pequeño. Y el propio Richard Nixon lo dejó claro con su orden contra el Chile de Salvador Allende: “Make the economy scream!” — ¡Haz que la economía chille!

Las sanciones no ayudan a la democracia, al contrario

En 2025, las sanciones contra Venezuela ya no buscan “tumbar el régimen.” Esa política de máxima presión fracasó: aumentó la miseria sin ningún rédito político.

Hoy, las sanciones funcionan más bien como una herramienta para mantener al país como un protectorado económico, pero ni siquiera al servicio de los intereses de Washington D.C. De hecho, afectan también a las empresas petroleras estadounidenses.

En realidad, parecen responder más a los intereses del exilio más fracasado de la historia: el cubano, que ha convertido el tema venezolano en un simple hueso electoral para los sabuesos de la política floridense.

Los hechos lo confirman: Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Tampoco en Irán, Cuba o Corea del Norte han servido las sanciones para derrocar regímenes, por más que se endurezcan y se extiendan durante décadas.

Según el periodista Marc Caputo en Axios, tres congresistas republicanos de Florida presionaron a Trump para que revocara la “licencia Chevron,” amenazando con votar en contra de su reforma del presupuesto federal. “Están locos y necesito sus votos,” habría dicho el líder del “mundo libre.” Por cierto, sus nombres son Mario Diaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

Aquí radica el mayor peligro de las sanciones sobre Venezuela: su cubanización. ¿A dónde va a parar el país si mantiene el mismo gobierno y el mismo bloqueo económico por más de 60 años? ¿Es eso lo que sueñan quienes piden sanciones?

No es casualidad que esos tres congresistas y el secretario de Estado sean de origen cubano, aunque eso no es lo relevante. Ninguno de ellos, ni sus padres, vivieron penurias bajo el régimen de los Castro, pues nunca estuvieron bajo la Revolución. El punto es que, como buenos oportunistas, han construido su carrera política a costa del conflicto cubano. Saben que el famoso bloqueo no sirve para cambiar regímenes, pero lo sostienen porque es un negocio político. Y si no han logrado más, es porque, según ellos, aún no hay suficiente bloqueo.

Volviendo a Venezuela, ¿se han visto mejoras en la calidad democrática? ¿O más bien un gobierno que se aferra al poder con uñas y dientes? La respuesta es evidente: la internacionalización del conflicto venezolano no ayuda a resolverlo, todo lo contrario, lo perpetúa en el tiempo y lo convierte en un negocio muy rentable para unos pocos oportunistas.

Las sanciones dañan a los propios Intereses de los Estados Unidos

Digamos que no me importa lo que ocurre en Venezuela, porque velo por los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué han significado entonces las sanciones para mí?

Empecemos por un tema puramente comercial. Las refinerías en la costa del ahora Golfo de América se suplían de crudo pesado venezolano, en su momento con más de un millón de barriles por día. Bueno, siempre pueden comprarlo de otros países, aunque sea pagando un poco más, aunque no de su producción en los propios Estados Unidos.

Pero entonces llegamos a un punto estratégico. Si los EE.UU. se quitan a sí mismos del mercado, o por extensión también a Occidente, otros comprarán el crudo venezolano con descuentos más grandes. Simple ley del mercado. En el caso de 2019 a 2022, las empresas chinas podían pedir hasta 35 dólares de descuento por barril, que fácilmente podía ser un 50 % del precio inicial.

Los EE.UU. tienen la ventaja de que, en Venezuela, la industria petrolera usa su tecnología y sus métodos, todavía hoy en gran medida. Así se ha generado una dependencia del productor de petróleo pesado con el que lo importa. Sí, los EEUU son un importador neto de crudo, mientras que son exportadores netos de productos refinados.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo bajo sanciones, las empresas chinas, rusas, e iraníes empiezan a ganar terreno. Las que sí pueden trabajar bajo sanciones, a diferencia de Europa, Canadá o la India, que dependen de las directrices de Washington D.C.

Ya vimos a Teherán aportar los diluyentes vitales para procesar el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, y hacer reparaciones en las refinerías y mejoradores. Desde la entrada en vigor de la “Licencia Chevron,” los norteamericanos retomaron ese espacio, pero a Trump no le parece oportuno.

Veremos qué pasará con los campos petroleros, ahora que se terminan las licencias de la OFAC. ¿Las empresas europeas y estadounidenses se marcharán? Si lo hacen, la producción de barriles sin duda caerá en el corto plazo. Pero, ¿quiénes serán los nuevos dueños? ¿Será la propia Pdvsa? Tal vez las empresas turcas, rusas, iraníes y chinas que llegaron el año pasado a buscar campos quieran aprovechar las rebajas. “Los gringos se van, 50% menos en todos los campos,” dirá un cartel en El Tigre mañana.

¿Cómo se materializa esa rebaja? Bueno, existen los Contratos de Participación Productiva, bajo la Ley Anti-Bloqueo. Según el CPP, el inversor privado puede llevarse hasta la mitad del crudo producido para comercializarlo él mismo. Empresas chinas, turcas, brasileñas, norteamericanas y europeas han firmado ya contratos así. Claro está, que, si la Casa Blanca cierra la puerta, algunos de estos tendrán que cancelarlo, y otros no.

Las sanciones no benefician a los venezolanos, ni económica ni políticamente. Tampoco a los intereses de los Estados Unidos. Tan solo se pueden aprovechar unos pocos oportunistas que viven del conflicto y de la miseria. Los que hacemos vida en Venezuela solo podemos decir una cosa sobre las sanciones económicas: deben terminar ya.

Por Elias Ferrer
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VÍA Equipo de Redacción Notitarde
FUENTE Editoría de Notitarde