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La autoridad venezolana explicó, que fueron creadas tres nuevas unidades policiales que actuarán de este lado de la frontera contra la legitimación de capitales, la extorsión y delitos similares que, prevén, comenzarán a aparecer en vista de la reapertura comercial.

Desde el lunes, prosiguió Bernal, aumentará la cantidad de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que custodian estas zonas, especialmente en los municipios San Antonio y Ureña, donde se ubican los dos puentes que reabrirán el paso a vehículos desde el 26 de septiembre.

El gobernador habló de "movimientos extraños" relacionados con capitales de dudosa procedencia que comenzarán a circular por la zona limítrofe, por lo que han ordenado a los registros no procesar solicitudes "extrañas" de creación de empresas, ventas o negocios y, en cambio, remitir estos casos a las unidades policiales que empezarán a funcionar el martes.

"Todo registro que vaya a ocurrir en San Antonio y Ureña pasará primero por la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar la procedencia de los capitales, para que no sea la apertura de la frontera un mecanismo para el lavado de dinero", sostuvo.

Bernal añadió que más de 2.500 agentes vigilan la frontera en Táchira (fronterizo con el colombiano Norte de Santander), un número que se incrementará a partir del próximo lunes, cuando esperan que las bandas criminales que actúan en la zona empiecen a mutar y busquen nuevas formas de delinquir.

Uno de esos posibles cambios, explicó, es la extorsión a empresarios, para lo que se ha creado la Unidad de Inteligencia Estratégica de Frontera, "que va a tener contacto directo con empresarios y comerciantes", a través de un "mecanismo secreto".

Así, en coordinación con la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, cuando surja un intento de extorsión la Justicia venezolana podrá "actuar con contundencia" contra estos delincuentes.