Las compañías habían ganado derechos condicionados para formar parte en un proceso federal en el cual el juez aprobó una subasta de acciones para satisfacer un laudo arbitral de 970 millones de dólares ganado por la minera Crystallex. Los reclamos de las seis empresas suman unos dos 600 millones de dólares, reseña Reuters.
La corte de apelaciones suspendió temporalmente los derechos hasta que un panel escuche los argumentos de los abogados que representan a Venezuela y a las seis compañías mediante una apelación a discutirse entre mayo y junio.
Desde marzo, seis acreedores -una unidad de O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Koch Minerals y las mineras Rusoro Mining y Gold Reserve- han ganado derechos condicionados para ir tras las acciones de una de las empresas propietarias de Citgo Petroleum, compañía de refinación basada en Houston de propiedad venezolana, para cobrar deudas por casos de expropiación.
El caso originalmente introducido por Crystallex en Delaware en contra de Venezuela, que podría llevar a la ruptura de la séptima mayor compañía de refinación de Estados Unidos, mostró un gran avance desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde a la subasta que propone el juez.
“La moción suspende, bajo una solicitud de emergencia, los derechos que las seis compañías adicionales habían ganado para ser parte de la subasta hasta que introduzcamos una apelación en las próximas semanas”, dijo Horacio Medina, jefe de una junta supervisora de Citgo Petroleum.
En marzo, la junta dijo que apelaría las decisiones que otorgan a firmas adicionales el derecho a ir tras las acciones de la matriz de Citgo. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos dio el viernes a Venezuela hasta el 19 de mayo para presentar la apelación, con lo que la decisión final se tomaría en el tercer trimestre, dijo Medina.
La congelación es independiente del avance del caso de Crystallex, en el que el productor de petróleo Conoco Phillips logró hacerse parte de la demanda buscando satisfacer un reclamo arbitral pendiente de unos 1.300 millones de dólares.
A principios de este mes, funcionarios estadounidenses le dijeron a la corte que Estados Unidos no bloquearía una subasta o cualquier negociación de pago, allanando el camino para un posible embargo o venta forzosa del activo extranjero más preciado de Venezuela. Aún se necesitaría una licencia del Tesoro para completar cualquier venta.
“Esto es sólo un salvavidas temporal para nosotros”, dijo Medina, y agregó que las conversaciones sobre posibles arreglos de pago con varios acreedores no se han interrumpido incluso en medio de las decisiones de la corte.
