Al territorio llegan a diario mineros, comerciantes informales, indígenas y demás personas que, pese a la violencia, se desplazan desde otros estados del país u otros municipios de Bolívar, en búsqueda de sustento.

Apenas 27% de las personas que desaparecieron en 2021 han aparecido por iniciativas de búsqueda independiente que emprenden familiares.

Este porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse porque empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica.

76% de las personas reportadas como desaparecidas no han vuelto a sus hogares. Cinco de estas provienen de los estados Apure, Mérida y Lara.

Desde otros estados la búsqueda es más cuesta arriba, por lo tanto, familiares deben trasladarse hasta el estado Bolívar para emitir la denuncia. Muchos no cuentan con recursos para tal traslado.

“No la busques más”, fue el mensaje que recibió Martha González a través del Facebook de su hija, Carla Arellano, de 21 años. La muchacha está desaparecida desde septiembre de 2020 en el kilómetro 88, municipio Sifontes.

La última vez que González se comunicó con su hija fue en octubre de 2020, cuando Carla le dijo que, junto a su bebé de seis meses, regresaría a casa porque se había separado de su pareja. “Mamá ya me voy para allá, para que estés pendiente porque yo me llevo todas mis cosas”, le prometió. Pero desde entonces no volvió a llamar ni a escribirle.

Alarmada, en marzo de 2021 González se trasladó hasta el kilómetro 88 con la esperanza de que alguien le diera razón de su hija, pero “fue como si la tierra se la hubiera tragado”. Al llegar, logró ubicar a la expareja de Carla, pero el hombre le dijo que de ella no sabía nada y que había dejado a su hijo con él.

“Carla se fue con otro hombre hace cinco meses, anda de mina en mina y no sabemos nada de ella’, fue lo que me dijo. Pero mi hija no es de hacer esas cosas. Yo tengo miedo de que me la pongan a hacer cosas malas, porque solo de eso se escucha por allá por esas minas”, dice González.

Su preocupación está bien fundamentada: El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana reportó que solo en El Callao más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes son sometidas a la explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud moderna. La situación se repite en mayor o menor medida, en otros municipios mineros.

Como la mayoría de los familiares de personas desaparecidas en los violentos territorios mineros de Bolívar, González decidió avanzar con la búsqueda de su hija por cuenta propia, pero no tiene suficiente dinero para movilizarse desde Ciudad Bolívar hacia el Km 88 (Un recorrido de 475,9 km y siete horas, que puede costar más de 40 dólares). Una vez más, acude al único recurso que le queda: La prensa y las redes sociales.

Carla Arellano trabaja como vendedora de alimentos en las minas de Sifontes – segundo municipio más violento de Bolívar y el epicentro de las denuncias de desaparición – desde hace dos años. Antes de eso, la muchacha estaba desempleada y vio en las minas una oportunidad de aumentar sus ingresos y ayudar a su familia.

Desde el segundo semestre de 2019, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní han compilado 175 reportes de desaparición al sur del estado Bolívar ocurridos entre 2012 y 2021.  (Codehciu)