La mujer fue detenida el pasado 11 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. Su detención obedece a una solicitud de Venezuela ante Interpol, para que cualquiera de los 194 países adheridos a esa policía internacional proceda a su captura para su extradición, reseña el periodista Eligio Rojas, periodista del diario Últimas Noticias.
En Venezuela, la solicitada tiene un expediente abierto por tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible y estafa continuada, según sentencia 004 de la Sala Penal, redactada por la magistrada Carmen Marisela Castro y que contó con el respaldo de sus colegas Elsa Gómez y Maikel Moreno. La detención en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, de la citada mujer, fue informada a las autoridades venezolanas el 12 de diciembre.
A raíz de esa información, el fiscal 73º nacional, Jean Karin López, solicitó activar el proceso de extradición para traer a Venezuela a Uneza Tahir, proceso interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo.
El mencionado tribunal, que a su vez lleva el expediente de los 61 detenidos de la Operación Anticorrupción, acordó lo solicitado por el fiscal López y remitió la documentación a la Sala Penal para que emitieran un pronunciamiento final.
El pasado 30 de enero, los magistrados declararon procedente la extradición de Uneza Tahir quien deberá ser juzgada en el país. Para tomar tal decisión los magistrados evaluaron cada uno de los delitos imputados a la mujer, uno de ellos el contrabando agravado. Al respecto, la Sala refirió que el objeto de ese delito, se trata de transporte y comercialización “fuera del territorio aduanero de petróleo perteneciente a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), el cual fue obtenido de manera irregular”.
Los magistrados añaden que ese delito fue cometido “en perjuicio del patrimonio del Estado venezolano”.
Los demás delitos, presuntamente los cometió la mujer en combinación con su esposo Muhammad Tahir Abdul Qadir Lakhani, quien es el propietario de distintas empresas, entre ellas North Star Maritime Holding LTD.
Ese grupo empresarial estaba dedicado a la compra de embarcaciones petroleras cuya vida útil había fenecido por lo que eran ubicadas en depósitos de la India y Pakistán. Pero una vez en su poder, a esas viejas embarcaciones le extraían los transpondedores (AIS), una especie de GPB que permitía la ubicación en tiempo real de la embarcación. Esos AIS eran vendidos a las organizaciones delictivas dedicadas al robo del crudo venezolano con buques petroleros portando falsas identidades.
La Sala dejó asentado su compromiso en celebrar un juicio a Uneza “con las debidas garantías constitucionales”.
