Urbano Fermín se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos y admitió haber pagado alrededor de US$1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango”, presumiblemente Ortega Díaz, como manera de asegurarse que la Fiscalía de Venezuela detuviera cualquier investigación de sus multimillonarios contratos de construcción con la petrolera estatal Pdvsa.

El empresario fue sentenciado en mayo de 2022 a una pena de 120 días de prisión, así como 5 años de probatoria.

Ortega atribuyó la confesión de Urbano Fermín como producto de una "estrategia del presidente Nicolás Maduro" para  provocar una confesión para dañar su reputación.

Pero el caso de Urbano Fermín es apenas uno de varios en los cuales la fiscal Ortega habría recibido numerosos pagos irregulares a través del sistema financiero norteamericano, mientras fue Fiscal General de Venezuela.

Otro de los casos está centrado en los sobornos que presuntamente recibió mientras ejerció el poderoso cargo de Fiscal General en la era chavista, por parte de personalidades vinculadas al sector bancario en Venezuela.

Según una fuente de la oposición venezolana en Miami que conoció de la investigación, Ortega presuntamente recibió pagos de los banqueros Víctor Vargas y Tomas Niembro cuando ambos estaban al frente del Banco Occidental de Descuento (BOD), para controlar las indagaciones de la Fiscalía sobre un esquema de fraude dirigido desde el BOD y subsidiarias en Curazao (Banco del Orinoco NV) y Panamá (Allbank) en la que desaparecieron millones de dólares de cuentas en dólares pertenecientes a miles de cuenta-habientes venezolanos.

La Fiscalía nunca concluyó las investigaciones que implicaban a los directivos del BOD Vargas y Niembro, y actualmente los banqueros no enfrentan ningún tipo de sanciones por la desaparición de los millonarios depósitos.

Vargas vendió sus propiedades en Estados Unidos, incluyendo una mansión de US$77 millones en Palm Beach, una hora al norte de Miami, en 2017 presuntamente para evadir una amplia investigación criminal en su contra por su supuesta participación en esquemas fraudulentos y de pago de sobornos, revelaron las fuentes.

Una historia controversial

Durante diez años, entre 2007 y 2017, Luisa Ortega Díaz ejerció el poderoso cargo de Fiscal General. Fue acusada de haber perseguido judicialmente a venezolanos inocentes.

En marzo de 2017, Ortega mostró sus diferencias con el mandato del todavía presidente, Nicolás Maduro, y terminó siendo destituida del cargo, huyendo en agosto de ese año en una lancha rápida rumbo a Aruba, y de allí a Bogotá.

En noviembre de 2018, el gobierno colombiano le otorgó a la ex fiscal la condición de refugiada por su condición de perseguida política y en octubre de 2021 solicitó asilo político en España.

Pero mientras Ortega Díaz intentaba desesperadamente obtener la visa para mostrar que tenía el apoyo de Washington, en Miami el fiscal Michael Berger tenía ya en su poder numerosa evidencia que presuntamente implicaba a Ortega con casos de extorsión.

Un miembro de la fiscalía venezolana que conoció de cerca el modus operandi de la Fiscal y su entorno íntimo aporto testimonios cruciales a la investigación del fiscal Berger.

Según testimonio del propio fiscal conocido por este periodista, Berger estaba interesado particularmente en la red de presunta extorsión en la que también participaba el esposo de Ortega, Germán Ferrer.

La abundante información suministrada por el fiscal venezolano se unió al caso probado del empresario Carlos Urbano Fermín, que había sido protagonista del pago de una cuantiosa suma a la ex fiscal general.

Berger también tenía evidencia de una cuenta en Suiza que pertenecía a un intermediario de Ortega Díaz, de la cual habían salido pagos a otras cuentas relacionadas a la ex fiscal, según una fuente familiarizada con las investigaciones.

El “Intermediario 1”, nombrado así en la acusación criminal contra Urbano Fermín, era el abogado José Parra Saluzzo, una persona señalada de operar bajo nombre de Ortega para “solucionar” problemas a empresarios bajo investigación de la Fiscalía venezolana a cambio de pagos sustanciales, durante la administración de Ortega.

Parra Saluzzo intentó cooperar con la fiscalía de Miami para testificar contra Ortega, pero un posible acuerdo fue rechazado por el propio fiscal Berger cuando en una conversación telefónica, Parra Saluzzo mintió acerca de sus cuentas en Suiza, que presuntamente usaba para enviar pagos a Ortega.

Según otra fuente familiarizada con estas negociaciones, la fiscalía de Miami tenía evidencias de que Parra Saluzzo había pagado un viaje de Ortega y su entorno íntimo a la ciudad de París, cuando Ortega era todavía Fiscal General de Venezuela.

De acuerdo a la fuente, Parra Saluzzo facilitó el pago de $350,000 para cubrir los costos del avión privado que rentaron para la ocasión, y la estadía por 10 días para Ortega y su grupo familiar y de amigos.

Parra Saluzzo también presentó a la fiscalía presuntos contratos de asesoramiento a la firma brasileña Odebretch por $7 millones, presuntamente para asistir al conglomerado durante las investigaciones de corrupción de la Fiscalía venezolana.

Las investigaciones del fiscal Michael Berger aún se mantienen activas en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.

De acuerdo a los documentos de la fiscalía venezolana, Tortolani había usado su empresa Metro Emergencias Equipo Petroleros para obtener grandes contratos de Pdvsa.

Entre otras propiedades, Tortolani adquirió un apartamento en Brickell -una de las zonas más exclusivas de Miami- valorado en 1.3 millones de dólares, y una pequeña flotilla de autos de lujo.

El intento de cooperación por parte de Ortega Díaz fue recibido en Washington con escepticismo.

Investigaciones en Colombia

Adicionalmente a las investigaciones en Estados Unidos, Luisa Ortega Díaz también tiene una indagación abierta en la fiscalía de Colombia desde octubre de 2020.

La justicia colombiana habría emitido una orden de captura en contra de Luisa Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, según informó un medio de comunicación de este país.

De acuerdo a la información de la revista Política y Poder, la orden emitida por la Fiscalía 63 de Bogotá se debió a que Ortega Díaz se ha negado a comparecer ante la justicia de ese país con relación a una investigación en su contra.

La Fiscal local 63 de Bogotá Fanny Ardila Guerra emitió tres citaciones a Ortega Díaz en 2019, dijo Política y Poder. Las citaciones tenían fechas de 10 de octubre, 21 de octubre y 11 de diciembre de ese año. Ortega Díaz debía acudir a la fiscalía en la Casa de Justicia Mártires, en calidad de imputada. Añade la información que en esa ocasión el presidente Iván Duque impidió que el proceso judicial continuara mediante una llamada telefónica a la Fiscalía Local 63 de Bogotá.

La fiscal ha negado públicamente que haya sido requerida en Colombia por una investigación en curso.

“No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán”, dijo para responder a tales aseveraciones.