La normativa precisó, que el proceso de intervención tendrá un lapso de duración de un año, contado a partir de la publicación de este decreto en la Gaceta Oficial.
Esta podrá ser prorrogable por igual período de tiempo por resolución de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República.
La intervención estará a cargo de una Junta Interventora, integrada por un Presidente o Presidenta y 4 miembros principales, con sus respectivos suplentes. Dentro de los 60 días continuos siguientes a su instalación, dictará un reglamento interno de funcionamiento, con el fin de facilitar el proceso de intervención de Bolipuertos.
Finalmente la Superintendencia Nacional de Auditoría (Sunai) y la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sunabip) prestarán la colaboración y apoyo necesario a la Junta Interventora en su actuación, en el marco de las competencias que le están atribuidas.
