Venezuela sí aceptó las repatriaciones

El enviado presidencial para misiones especiales de Trump, Richard Grenell, anunció el 20 de enero que se abrían las comunicaciones directas con el gobierno de Venezuela. Poco después, el 31 de enero Grenell llegó a Caracas para encontrarse con el presidente Nicolás Maduro.

Ahí se acordó que la aerolínea estatal Conviasa recoja migrantes venezolanos detenidos en EEUU. Según una fuente en la administración Trump, fue el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro que ofreció tanto retomar los vuelos como costear la operación, dentro del “Plan Vuelta a la Patria”.

Los vuelos de Conviasa solo tendrían licencia para aterrizar en ciertos aeropuertos militares en EEUU, ya que en los civiles o comerciales entrarían en riesgo de ser retenidos por acreedores del estado venezolano.

Cuando se dio a conocer que se iba a posponer el vuelo de repatriación de El Paso, el equipo de Marco Rubio habría filtrado a la prensa la intención de enviar venezolanos a El Salvador. La filtración fue publicada por AP.

La primera gira internacional de Rubio fue por Centroamérica, donde acordó con países como Panamá, Costa Rica y El Salvador aceptar deportados de terceros países, entre ellos Venezuela. Sin embargo, el embajador Grenell ya estaba en conversaciones con Caracas para retomar vuelos de repatriación directos.

De acuerdo con la declaración del presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez, los mismos migrantes que estaban en El Paso serían los que fueron llevados a El Salvador. Estos fueron acusados por la Casa Blanca de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, y han sido internados en las “mega-cárceles” del país centroamericano.

Los CECOT, ideados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, fueron creados para castigar a miles de miembros de las “maras” o pandillas locales. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado torturas y diversas violaciones de la ley en estos centros.

Según AP, el gobierno de Trump estaría pagando a El Salvador al menos 6 millones de dólares por el primer grupo de deportados venezolanos, que fueron 238 personas. A su vez, Bukele anunció que los propios migrantes serían obligados a trabajar para costear su propio encarcelamiento.

A pesar de que los 238 venezolanos han sido acusados de pertenecer al "Tren de Aragua", no se han presentado pruebas. El propio Departamento de Estado se negó a ofrecerlas cuando fueron requeridas por el portal Guacamaya por escrito.

101 de los deportados a El Salvador habrían sido expulsados tan sólo por entrar ilegalmente a EEUU, poniendo en duda que fuesen parte de alguna organización criminal. En una declaración bajo juramento, un oficial de inmigración estadounidense afirmó que muchos de estos migrantes “no tenían antecedentes penales”.

El oficial también declaró que, ante dificultades por descubrir hechos criminales en el pasado de varios de los migrantes, “la falta de información específica sobre cada individuo subraya el riesgo que suponen. Demuestra que son terroristas sobre los cuales carecemos de un perfil completo”.