Lara.- "Somos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), debe colaborar con nosotros y si no, bombardeamos el edificio, todos morirán", dice un hombre al otro lado de la bocina, su voz es de acento gocho y habla muy rápido. En medio de sus amenazas le indica a la víctima con cuántos dólares puede colaborar, para así ellos retirar al grupo de criminales armados que aparentemente está en la zona dispuestos a atacar si no hay pago, la víctima cuelga por miedo y ellos vuelven a llamar.

Los delincuentes tienen una nueva manera de extorsionar y esta vez lo hacen a nombre del ELN. Fuentes policiales indican que estas llamadas extorsivas salen desde las cárceles del país y son los reclusos que se hacen pasar por miembros de la guerrilla.

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Luis Izquiel, abogado y criminólogo, explicó que desde las cárceles de Venezuela ocurren hackeo de WhatsApp, Instagram y Facebook para estafar y extorsionar, reseñó Prensa Lara.

"Nada de eso ocurriría si se cumpliera la Ley de Regulación del Uso de la Telefonía Celular y de la Internet en las cárceles, aprobada por la Asamblea Nacional de 2015 y que fue una de las pocas leyes que los diputados chavistas aprobaron", sostuvo Izquiel.

La práctica de los privados de libertad de extorsionar no es nueva, pero sí la de hacerse pasar por miembros del ELN, por lo menos en el estado Lara. A una de las víctimas le pidieron $200 para ser transferidos por pago móvil, la víctima notó que se trataba de una extorsión carcelaria y no pagó.

Izquiel explicó que estas extorsiones por el "ELN" ocurren principalmente en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Zulia, pero en el caso de Lara, los reclusos podrían estar implementando esta técnica.

Una fuente policial indicó, que este año las extorsiones han disminuido, al mes pueden recibir entre 5 o 7 denuncias, pero hay un grupo que no denuncia, pues son víctimas de llamadas amenazantes; sin embargo, no llegan a cancelar.

Sin cumplir
Hace casi 6 años se aprobó la Ley de Regulación de Celulares en las cárceles, luego de ser una propuesta por el clamor popular, porque para buena parte de los venezolanos es conocido que desde los centros penitenciarios se realizan extorsiones, se cobran secuestros, se realiza el cobro de "rescate" de carros robados, todo vía telefónica.

Izquiel asegura que el Ministerio Penitenciario no cumplió, una vez aprobada la ley, en las cárceles debían instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la de internet en el interior de los penales.

Disminuyen las cifras de extorsiones
A inicios de la pandemia por la Covid-19, las extorsiones iban en aumento y cuerpos de seguridad registraron alrededor de 60 por mes; sin embargo, en el año 2022 los números descendieron y al mes reciben cinco, pero aclaran que en su mayoría la víctima no cancela.

"Se tratan de extorsiones carcelarias, cuando hacemos las investigaciones todo indica que desde allí salen las llamadas", sostuvo una fuente del Conas.

Funcionarios del Cicpc y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) piden a las personas que son víctimas de extorsiones que denuncien.

Esperan que se cumpla la ley
Los abogados, Luis Izquiel y Fermín Mármol explicaron que la ley buscaría establecer la obligación de la colocación de bloqueadores de la señal de celulares y de internet por vía inalámbrica y que dicha obligación se le estableció al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, pero que no se cumplió.

Según fuentes internas de algunos penales del país, no hay bloqueadores de llamada. En la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, existían los bloqueos de llamadas, pero supuestamente ya no funcionan.

La ley consta de 15 artículos, entre los primeros está la adquisición e instalación de los aparatos bloqueadores.

Entre los artículos explican que la introducción ilícita iba a ser sancionada con prisión de 3 a 5 años para quienes intentaran ingresar un celular a los penales. (Prensa Lara)