De acuerdo al Ministerio Público, la acusación es de presuntamente legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas.
La información, según reseñó el periodista Eligio Rojas, fue obtenida en el Circuito Judicial Penal Falcón, extensión Punto Fijo, donde observaron este jueves el momento en que los agentes del Dgcim ingresaron al despacho de la jueza Sánchez quien está a cargo del Tribunal 2° de Juicio en la mencionada entidad occidental.
Esta medida responde a una investigación integral abierta a todos los funcionarios que actúan o han actuado en el procesamiento penal a miembros del denominado Grupo Camacaro, quienes ejercen actividad económica en Falcón mayormente en el ramo pesquero y petrolero.
Las alarmas se prendieron debido a las denuncias que se han ventilado en medios de comunicación respecto presuntas extorsiones aplicadas al Grupo Camacaro, donde supuestamente participarían funcionarios militares adscritos al Comando Nacional Antidrogas, unidad perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana, de acuerdo a las delaciones.
Dichas denuncias han sido además consignadas ante la Inspectoría General de Tribunales donde igualmente se especifica la presunta inacción de los representantes del Ministerio Público a la hora de atajar diligencias practicadas por militares saltándose lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal Javier Ignacio Quintero Gómez es quien dirige la investigación.
Como ejemplo de ello, los denunciantes refieren la experticia de barrido destinada a detectar presencia de drogas en dos embarcaciones del Grupo Camacaro: Biscocho y Barba Roja. Ese barrido fue realizado el 7 de diciembre de 2022 en el Puerto Las Piedras, Punto Fijo (Falcón), sin presencia de testigos, según lo denunciado. Se llevó a cabo solo con funcionarios militares adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) N° 13 a cargo del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Jorge José González Hernández, dice el acta de esa operación.
El equipo jurídico del Grupo Camacaro ha dejado constancia de que con ese barrido comenzó la denominada “Operación Extorsión”, debido a que presuntos agentes militares se le acercaron a César Camacaro y le dijeron que si pagaba determinada suma en dólares “el barrido salía negativo”.
Los abogados igualmente han denunciado la incautación de bienes cuyos dueños están detenidos sin que el Ministerio Público haya establecido la vinculación de esas personas con el Grupo Camacaro.
En la actualidad, dueños de 162 vehículos solicitados son sometidos a extorsiones, según reseño Eligio Rojas, a cambio de ser sacados de esa lista. Los presuntos funcionarios del Ministerio Público se estarían comunicando con las personas solicitándoles dinero a cambio de no vincularlos con la causa Camacaro bajo en número MP-265289-2022.
Desde enero de este año, el fiscal Quintero Gómez ha tramitado 80 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente ligadas al Grupo Camacaro. De ese lote, 12 están privadas de libertad y se les ordenó un juicio desde hace seis meses, donde la jueza Marielvis Sánchez había fijado el 19 de diciembre próximo como el día para el inicio del referido juicio.
