Las detenciones se dio lugar en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas donde recibieron una denuncia de la viceministra Carolina Cestari, de acuerdo a lo reseñado por el portal Últimas Noticias.
Un primer procedimiento se efectuó en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, parroquia Coche, municipio Libertador, torre 17, apartamento 2B, kilómetro 8 de La Panamericana.
En ese urbanismo fueron detenidos Ada Nacary Llovera Castellanos (líder de la Comunidad y del Comité Familiar) así como las funcionarias de Min-Vivienda, Liliana Rojas Franco; Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
Estas personas presuntamente solían amedrentar con armas de fuego a residentes del referido urbanismo para obligarlos a desalojar el inmueble, según las investigaciones iniciales.
Posteriormente, el apartamento desalojado era presuntamente adjudicado nuevamente a un nuevo dueño que previamente cancelaba entre 5 y 7 mil dólares, de acuerdo a lo investigado.
En ese caso, mientras Ada Lloverá (jefa de comunidad) realizaba los desalojos arbitrarios, amenazas e intimidaciones con la banda delictiva, simultáneamente las funcionarias del Min-Vivienda se dedicaban a agilizar y habilitar el trámite para readjudicar los inmuebles.
Un segundo procedimiento policial se produjo en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda).
En ese despacho detuvieron a cinco funcionarios de Min-Vivienda identificados como: Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares); Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación); Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares); Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).
Además de la detención de esas personas, los funcionarios de la PNB entrevistaron a la Viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien informó sobre los resultados parciales de una auditoria practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.
Finalmente, en ese mismo despacho de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano fue detenido Germán Antonio Medina Vargas, acusado de haber desalojado a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela de su apartamento ubicado en la torre 2, piso 9, Ciudad Tiuna (Los Rusos), parroquia Coche, Municipio Bolivariano Libertador. Medina Vargas labora en Min-Vivienda como analista.
En ese procedimiento incautaron documentos que reflejan la presunta implicación del ex viceministro Héctor Bastidas, en desalojos de inmuebles para readjudicarlos a quienes cancelaran sumas en dólares.
La Fiscalía 78 en Materia de Corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez fue notificado de los procedimientos.
