La deportista desmontó, con una declaración pública a través de un video revelador, los intentos de agresión vertidos sistemáticamente en cuentas digitales por determinados y descubiertos factores de oposición que no solo buscan -estérilmente- descalificar la excepcional gestión que viene ejerciendo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cuanto a la recta aplicación de justicia como máxima instancia de ese medular Poder Público sino que, agazapados en cuentas anónimas, pretenden desacreditar el arduo y constante trabajo ejecutado en el Palacio de Justicia carabobeño, sobre todo haciendo énfasis en la circunscripción penal que ha seguido las cristalinas instrucciones emanadas desde el TSJ.

"Todo es absolutamente falso", dijo Pinto, quien habla en el material audiovisual sobre "una cantidad de videos" en redes sociales "de los cuales no estaba al tanto", al tiempo que enfatiza: "Nosotros no hemos autorizado ni dado ningún tipo de información (...); no somos responsables de todos los conceptos difamatorios y las acusaciones de esos videos, pues no somos parte de eso, no somos responsables de esos videos donde se mencionan los diferentes entes judiciales y entes gubernamentales del estado Carabobo".

"De hecho, este caso es de hace casi un año que sucedió y hemos estado tramitando todo por las vías legales. Ciertamente, sí tenemos un caso en la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, ya que nosotros adquirimos una camioneta hace casi un año en una agencia de carros usados de la ciudad de Caracas y seguimos todos los parámetros, hicimos todas las revisiones correspondientes, todo estaba legal. No es cierto que nosotros importamos la camioneta desde Chile, eso no es cierto: nosotros la compramos... la camioneta era de otra persona y estamos esperando la resolución del caso de manera legal; estamos esperando que todo se solvente para poder tener de vuelta nuestra camioneta", explica la nadadora profesional.

Asimismo, subraya: "Quiero aclarar que todas estas cosas que están diciendo y difamando por esos videos que acusan a diferentes entes gubernamentales del estado Carabobo... pues mira, no tengo ni idea, no somos parte de estas acusaciones".

Con la contundente declaración de la reconocida atleta quedan expuestos los mismos personajes que no agotan sus roídas e inútiles maniobras a fin de desestabilizar el consolidado rumbo de la Revolución en Venezuela y en Carabobo.

Entre los conjurados y fallidos "sicarios de pantalla" destacan exmandatarios de la región que, sin ningún tipo de resonancia popular, han encontrado en una estación televisiva y en algunos 'users' de redes sociales radicados en Miami su principal centro de operaciones y arremetidas, con la ventaja de encontrarse en dorado exilio.

Por cierto, los propietarios de la televisora miamera, hoy en graves e irreversibles problemas económicos ante el abrupto corte provocado por la culminación de la ficción interinante, presuntamente buscan con desespero cualquier mecanismo que les permita salvaguardar los numerosos bienes que aún ostentan en la Patria, esa misma que intentan comprometer en detrimento de todo un pueblo.

Igualmente, entre la caterva de delincuentes que se alzan cobardemente contra el decidido paso del poder judicial y máximo tribunal -el TSJ-, destacan varias prófugas de la justicia venezolana, quienes ahora alegan ser víctimas de una "inclemente persecución política", cuando ya han sido denunciadas por los benévolos delitos de Estafa agravada continuada y Legitimación de capitales; y se descubrió, por parte de los órganos competentes, que se habían apropiado de casi 2 millones de dólares en perjuicio de un importante emporio hotelero internacional que accionó contra el verdadero cartel de delincuentes.

Finalmente entre los flamantes promotores de la inaceptable afrenta se ha logrado detectar a un insular juez superior que labora en el propio estado Carabobo y que, al parecer, no quiere aceptar que fuese desplazado por sus evidentes irregularidades y desviaciones cuando cumplía funciones protagónicas en el hoy respetado y reconocido Circuito Penal.

Con la declaración de Pinto, quedan nuevamente en evidencia los factores sediciosos y los diferentes órganos de justicia tendrán que determinar y sancionar este nuevo intento de trastocar la paz y la tranquilidad no solo de esta patria, sino de todo un comprometido pueblo en su sólido paso por la historia.